México fracasa en la protección de niños refugiados

1-04-2016

Menos del uno por ciento de los menores que son detenidos por las autoridades migratorias mexicanas son reconocidos como refugiados o reciben otro tipo de protección formal del país, afirma un nuevo reporte de Human Rights Watch (HRW) dado a conocer hoy.

El informe de 165 páginas “Puertas Cerradas: El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central” documenta grandes contradicciones entre la legislación mexicana y su puesta en práctica.

Subraya que cada año decenas de miles de niños y adolescentes huyen de la violencia e inseguridad generalizada en sus países de origen, de amenazas contra su vida y seguridad y que estos menores pueden cumplir con los criterios para poder solicitar protección internacional, según ha estimado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“Sobre el papel, la ley mexicana parece proporcionar todas las medidas de protección a los niños que han huido de sus países de origen porque temen por sus vidas”, dijo Michael Bochenek, asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch.

“Pero en realidad sólo unos cuantos reciben asilo, lo que refleja que, a pesar de que los niños y adultos de América Central afrontan serias amenazas, el gobierno no está tomando debidamente en consideración sus solicitudes”, subraya el informe.

Estos hallazgos se producen en un momento en el que el número de niños indocumentados que han sido detenidos por las autoridades mexicanas registra un gran aumento, sostiene HRW.

Calcula que “las autoridades migratorias de México aprehendieron a más de 35 mil niños en 2015, casi un 55 por ciento más que en 2014, y un 270 por ciento más que en 2013”.

Los niños nunca deberían ser detenidos como medida de control migratorio; las normas internacionales urgen a los Estados a “poner fin rápida y completamente a la detención de los niños a causa de su situación migratoria”.

El cumplimiento de esta norma no significa que México deba permitir que los niños no acompañados y separados deambulen libremente por el país; por el contrario, México tiene la obligación de proporcionarles protección y cuidados adecuados, valora el informe y denuncia que tal y como lo aseguró un funcionario del ACNUR, “el mayor problema en México no es el procedimiento [de asilo] en sí, sino el acceso al procedimiento”.

El primer problema es que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) no informan a los niños migrantes de su derecho a solicitar el reconocimiento como refugiados. Como norma, estos oficiales tampoco informan a los niños que pueden solicitar visas humanitarias, otra obligación de acuerdo con la ley mexicana.

Otro obstáculo, tal vez el más desafiante, “es la práctica de detener a todos los niños migrantes en condiciones carcelarias”.

A pesar de que la ley mexicana establece que los niños migrantes deben ser transferidos a refugios operados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y que sólo pueden ser detenidos bajo circunstancias excepcionales, la detención de los niños migrantes es la norma, de acuerdo con las entrevistas de HRW y las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ACNUR y distintas ONG.

En total, más de 35 mil niños estaban detenidos en centros de inmigración en 2015, más de la mitad de los cuales eran menores no acompañados. Incluso aquellos con la suerte de ser transferidos por los agentes del INM a centros del DIF experimentaron alguna forma de detención, subraya el informe.

Algunos niños permanecieron en centros de detención migratoria durante un mes o más, y aquellos que deciden ejercer su derecho a apelar las decisiones adversas en sus solicitudes de asilo pueden permanecer recluidos durante seis meses o más, señala el documento.

El informe denuncia que en los casos en que la presión indirecta sobre las personas es tan intensa, esto los lleva a creer que no tienen acceso al procedimiento de asilo y ninguna alternativa práctica que no sea volver a un país donde corren grave riesgo de ser perseguidos, o donde su vida y seguridad corren peligro.

Señala que el gobierno de Estados Unidos que ha presionado a México para bloquear el cruce de centroamericanos, debería proporcionar más financiamiento y apoyo para que México mejore y amplíe su capacidad para procesar solicitudes de asilo y brindar asistencia social a los solicitantes de asilo y refugiados.

Asimismo, observa que el gobierno estadounidense debería vincular el financiamiento que otorga a las entidades mexicanas dedicadas al control de la inmigración y las fronteras al cumplimiento cabal de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

“Poner a los niños en una posición en la que crean que tienen que elegir entre meses en detención o ser devueltos al peligro del cual han huido, viola tanto la decencia común como el derecho mexicano e internacional”, observó Bochenek.

“Tanto México como Estados Unidos deberían ofrecer una atención adecuada y una oportunidad razonable para que los niños que huyen del peligro en América Central puedan solicitar protección”, concluye HRW.

Finalmente, una nota personal. Debido a la tendencia del gobierno mexicano a desmentir y desacreditar todo tipo de informes y críticas de organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos, me gustaría saber cuánto se van a tardar las autoridades en desmentir este informe de HRW, en el que claramente se cuestiona el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México por convenciones y tratados de los que es parte. Vamos a contarles el tiempo.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Panorama RIDH.

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