Activistas denuncian en ONU Ley de Seguridad Interior en México

7-06-2017

Un colectivo de ONG’s mexicanas expresó su temor por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en México durante el diálogo interactivo con la Relatora Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias Agnes Callamard en la sesión del Consejo de Derechos Humanos.

“Señor Presidente, Sra Callamard, aprovechamos la ocasión para expresar la preocupación de un amplio número de organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia mexicanas quienes tememos por la aprobación de una Ley de Seguridad de Interior en México”, dijo el representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

“Dicha Ley, tiene como propósito facultar a las Fuerzas Armadas del país en tareas de seguridad pública e incluso pretende que las mismas puedan llegar a suplantar las tareas de la policía llegando a ampliar las facultades para que el Ejército y la Marina puedan tener competencias ministeriales y judiciales’’, denunció.

“Existe una gran preocupación porque el despliegue de las Fuerzas Armadas a lo largo del país para asumir roles de seguridad pública se habilite sin supervisión de la autoridad civil y un sistema de contrapesos que regule sus actividades”, subrayó.

“Tememos que con esta Ley, la autoridad civil termine cediendo a las acciones militares y de que se perpetúe la impunidad de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas”, alertó.

Recordó que desde que en 2006 se declaró la Guerra contra el narcotráfico y se desplegó al ejército en todo el territorio nacional, han desaparecido más de 30 mil personas, se han cometido más de 150 mil asesinatos, se han torturado a más de 8 mil personas y más de 300 mil personas han sido forzadas a desplazarse por causa de la violencia.

“Solicitamos su apoyo y cooperación para detener la aprobación de Ley de Seguridad interior en México y para establecer el Consejo Asesor contra la impunidad recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, llamó.

Por otra parte en cuanto a la rendición de cuentas el colectivo deploró el nivel de impunidad y la falta de estado de derecho que impera en el País.

“En países como México, los preocupantes niveles de impunidad reflejan la falta de voluntad política y capacidad institucional para investigar y procesar a los responsables de ejecuciones extrajudiciales”, argumentó.

“Casos como el de Tlataya en donde fueron ejecutadas 22 personas por el ejército, las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Parral y Jethro Ramses, cometidas en 2010 y 2011 y cuyos padres siguen en búsqueda de justicia o la recién ejecución a un civil en Palmarito, Puebla siguen estando impunes”, agregó.

“Estos atroces hechos ponen de manifiesto una actuación recurrente de las Fuerzas Armadas mexicanas: el uso indebido de la fuerza, ejecuciones arbitrarias de civiles rendidos o indefensos, alteración de evidencias y ocultamiento de pruebas, seguido de una estrategia mediática para distorsionar los hechos y criminalizar a las víctimas”, subrayó el representante de la CMDPDH.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Reforma.

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