Acusa ONU al ejército de Myanmar de genocidio contra minoría Rohingya

27-08-2018

Los principales mandos del ejército de Myanmar, incluyendo el general en jefe Min Aung Hlaing, deben ser investigados y enjuiciados por genocidio perpetrado en el norte del estado de Rakhine, así como por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Rakhine, Kachin y Shan States, acusa un nuevo y revelador informe de la ONU.

La Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Myanmar, designada por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2017, subraya que severas violaciones cometidas en el norte del estado de Rakhine «indudablemente ‘’ equivalen a los crímenes más graves del derecho internacional.

“Hay suficiente información para justificar la investigación y el enjuiciamiento de altos funcionarios de la cadena de mando Tatmadaw (nombre oficial de las fuerzas armadas de Myanmar), para que un tribunal competente pueda determinar su responsabilidad por genocidio en relación con la situación en el estado de Rakhine», sostiene el informe.

Desde la masacre Srebrenica de 1995, la ONU no lanza acusaciones tan graves como las que se describen en este informe dado a conocer en Ginebra, que recuerda que el trato discriminatorio contra la minoría musulmana Rohingya es de larga data y que comenzó mucho antes de la crisis de 2012.

La vulnerabilidad extrema de esta minoría es consecuencia de las políticas y prácticas estatales implementadas durante décadas, marginando constantemente a los Rohingyas, argumenta.

“El resultado es una situación continua de opresión severa, sistémica e institucionalizada desde el nacimiento hasta la muerte”, sostiene.

Según el informe, la piedra angular que ha llevado a esta situación son la serie de leyes y políticas que regulan la ciudadanía y los derechos políticos que han vuelto cada vez más excluyentes en su formulación, y arbitrarias y discriminatorias en su aplicación.

“La mayoría de los Rohingyas se han convertido en apátridas de facto, privados arbitrariamente de la nacionalidad. El tema central es la prominencia del concepto de «razas nacionales» y la retórica excluyente que la acompaña, originada bajo la dictadura de Ne Win en la década de 1960’’.

“El vínculo entre las «razas nacionales» y la ciudadanía ha tenido consecuencias devastadoras para los Rohingya”, remarca el informe.

Los expertos de la ONU instan a referir el caso a la Corte Penal Internacional o la creación de un tribunal internacional “ad-hoc” para investigar la responsabilidad del alto mando Min Aung Hlaing ; el subdirector general Soe Win; el Comandante, Oficina de Operaciones Especiales-3, Teniente General Aung Kyaw Zaw y el Comandante, Comando Militar Regional del Oeste, Mayor General Maung Maung Soe y otros comandantes.

Revela que una lista más larga de nombres se mantendrá bajo la custodia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se podrá compartir con cualquier órgano competente y creíble que persiga la rendición de cuentas de acuerdo con las normas y estándares internacionales.

De igual forma señala que las autoridades civiles tenían poco margen para controlar las acciones del Tatmadaw, por lo que también encuentra que «a través de sus actos y omisiones, las autoridades civiles han contribuido a la comisión de crímenes atroces».

De igual forma critica que «la Consejera del Estado, Daw Aung San Suu Kyi (Premio Nobel de la Paz ) no ha utilizado su posición de facto como Jefa de Gobierno, ni su autoridad moral, para detener o prevenir los acontecimientos que se desarrollan en el estado de Rakhine”.

«La impunidad está profundamente arraigada en el sistema político y legal de Myanmar, colocando a las Tatmadaw por encima de la ley», señala el informe, que agrega que la justicia ha permanecido lejos de las víctimas durante décadas.

Hace un año, las «operaciones de limpieza» constituyeron una catástrofe de derechos humanos cuando cientos de miles de personas huyeron hacia Bangladesh escapando de la violencia en el estado de Rakhine.

Miles de rohingyas fueron asesinados o heridos. La información recopilada por la Misión sugiere que la estimación de hasta 10.000 muertes “es conservadora”.

Se perpetraron asesinatos en masa en Min Gyi (Tula Toli), Maung Nu, Chut Pyin, Gudar Pyin y aldeas en el barrio de Koe Tan Kauk. En algunos casos, cientos de personas murieron. Tanto en Min Gyi como en Maung Nu, se reunió a los aldeanos, antes de que hombres y niños fueran separados y asesinados.

En Min Gyi, mujeres y niñas fueron llevadas a casas cercanas, violadas en grupo, luego asesinadas o gravemente heridas. Las casas fueron cerradas e incendiadas. Pocos sobrevivieron. En otras aldeas, el número de víctimas también fue marcadamente alto. Los cuerpos fueron transportados en vehículos militares, quemados o depositados en fosas comunes.

Si bien el Gobierno afirmó que las «operaciones de limpieza» finalizaron el 5 de septiembre de 2017, el compromiso militar continuó hasta bien entrado octubre. La libertad de circulación se vio aún más limitada, lo que restringió el acceso del resto de los rohingyas a sus casas, con un acceso limitado a los mercados y los medios de subsistencia y exacerbando la malnutrición. Sumado a ello el acceso humanitario fue severamente restringido o bloqueado, describe el documento.

Además , la ONU documenta con imágenes satelitales, la quema de aldeas Rohingya que fue seguida por la apropiación sistemática de esas tierras. Las excavadoras aplastaron estructuras quemadas, dañadas e incluso en buen estado , incluyendo cosechas y vegetación, con la intención de borrar todo rastro de las comunidades Rohingya, mientras destruían evidencia criminal.

“Docenas de aldeas Rohingya han desaparecido’’, refiere el informe.

Por otra parte, la Misión de Investigación expresó profunda preocupación por la prevalencia del discurso de odio, “online y offline”.

Observa que el lenguaje deshumanizante y estigmatizador contra los Rohingya y los musulmanes en general ha sido durante muchos años un componente clave de la campaña para «proteger la raza y la religión», encabezado por grupos extremistas budistas como MaBaTha.

En cuanto al papel de las redes sociales los investigadores de la ONU sostienen que ha sido significativo y que en particular Facebook “ha sido un instrumento útil para quienes buscan difundir el odio’’.

“Aunque ha mejorado en los últimos meses, la respuesta de Facebook ha sido lenta e ineficaz”, valoran los expertos.

Consideran que el grado en que las publicaciones y los mensajes de Facebook han llevado a la discriminación y la violencia en el mundo real “debe examinarse de forma independiente y exhaustiva”.

La Misión lamenta que Facebook no pueda proporcionar datos específicos del país sobre la propagación del discurso de odio en su plataforma, lo cual es imperativo para evaluar la idoneidad de su respuesta.

Myanmar tiene una gran responsabilidad de remediar la situación como una cuestión de la mayor urgencia, o arriesgarse a destruir su proceso de reforma democrática, concluyen los expertos.

“ La comunidad internacional también es responsable y debe adoptar una postura unánime para condenar las violaciones y ayudar a Myanmar a abordar las causas fundamentales de sus problemas recurrentes’’.

“Esto comienza asegurando que los perpetradores de los crímenes rinden cuentas y dando esperanzas a las víctimas de un futuro sin el temor y la inseguridad que han caracterizado su existencia’’, recomienda el informe.

«El ímpetu para la rendición de cuentas debe provenir de la comunidad internacional», urgió la misión de expertos liderada por Marzuki Darusman, ex relator de la ONU para la situación en Corea del Norte.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Proceso.

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