Acusan a los Moreira de crímenes de lesa humanidad en La Haya

5-07-2017

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y un colectivo de ONGs mexicanas presentaron hoy una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el estado de Coahuila durante los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

«Hemos podido hacer una investigación sobre más de 500 casos concretos, durante esos dos periodos de gobierno (priísta) en Coahuila con testimonios e información clave con los que se puede evidenciar que se trata de crímenes de lesa humanidad», dijo a REFORMA Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH.

«Urgimos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a que abra un examen preliminar sobre los graves crímenes cometidos en el estado mexicano de Coahuila entre el 2009 y el 2016 que, de acuerdo con nuestro análisis, demuestra que sí hay crímenes de lesa humanidad», agregó.

Entre 2009 y 2016, la violencia, las desapariciones, los asesinatos y la tortura no fueron una cuestión esporádica ni solamente responsabilidad del narco y el crimen organizado, señaló Reyes.

«En esos dos periodos (de gobierno) se permitieron ataques sistemáticos graves contra la población en Coahuila y no se está haciendo nada», deploró la directora de la FIDH en conferencia telefónica desde La Haya.

Reyes explicó que el informe presentado a la CPI incluye también dos episodios particularmente violentos que de por sí podrían constituir crímenes de lesa humanidad: la matanza por parte de los Zetas de entre 60 y 300 personas en Allende y la gestión del penal de Piedras Negras.

«La evidencia sugiere que no sólo el municipio sino también el Gobernador de la época estaba al tanto de lo que se preparaba en (Allende), y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad», sostiene el informe.

«Y la gestión de la prisión de Piedras Negras, el CERESO, que bajo la responsabilidad del Gobierno del estado de Coahuila se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas de 2008 a 2012», subraya.

«Lo más grave fue que al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí, y sus cuerpos fueron quemados o disueltos en cubos con ácido. Tales acciones no habrían sido posibles sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades», indica el documento.

«¿Cómo es posible que no se llevara a cabo una investigación sobre los encargados de manejar el penal de Piedras Negras y que no haya justicia para los altos responsables de estos crímenes», cuestionó la FIDH.

Para Reyes es claro que Los Zetas fueron responsables de crímenes contra la humanidad en ese estado, pero también hubo consentimiento de las autoridades de Coahuila.

Es por ello que ante la grave situación de impunidad que se vive en México, se decidió llevar el caso a la CPI para que pueda haber una investigación transparente, rigurosa y creíble.

Una vez que el examen preliminar sea abierto por la CPI, y se reconozca la existencia de crímenes contra la humanidad, quedará en sus manos determinar si tiene, o no, jurisdicción sobre este caso.

Si es así, determinará si las autoridades mexicanas deban emprender acciones legales para juzgar a los autores o cómplices de crímenes contra la humanidad, entre los cuales figuran altos funcionarios y figuras públicas.

Acusan encubrimiento del Gobierno mexicano

Según la representante de la FIDH, la diplomacia mexicana en el extranjero se ha encargado de tapar o encubrir la verdadera situación de violencia y crisis de derechos humanos e impunidad que se vive en México con al menos 68 mil asesinatos y 26 mil desaparecidos en una década.

Por ello, considera que es necesaria que la comunidad internacional reaccione.

«Para la FIDH, la situación más grave del continente americano es la de México», lanzó Reyes, quien subrayó que con el paso de los años el ambiente se ha deteriorado de forma considerable.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Reforma.

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