Piden a Bachelet informe de México en el Consejo de DDHH

14-10-2018

Casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet asistencia al nuevo gobierno en temas claves como impunidad, desapariciones, tortura, drogas, justicia transicional y le exhortan a presentar un informe sobre la situación en México ante el Consejo de Derechos Humanos.

Hasta ahora, las graves violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en México, algunas de ellas generalizadas como la tortura y la desaparición forzada, no han sido escuchadas, ni analizadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

La Oficina del Alto Comisionado ha presentado diversos informes al Consejo sobre países que viven situaciones preocupantes como Sri Lanka, Myanmar, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán, Corea del Norte, Colombia, Guatemala y recientemente publicó un informe sobre Nicaragua y dos sobre Venezuela, entre muchos otros.

En una carta a la que tuvo acceso Proceso, las ONG mexicanas solicitan a Bachelet que “no deje de visibilizar las demandas y preocupaciones de las víctimas y personas defensoras de derechos humanos en México frente al Consejo de Derechos Humanos’’.

“Para ello, le solicitamos siga fortaleciendo las funciones de observación de su Oficina en México, con la esperanza de que producto de su labor de monitoreo, se elabore y presente un informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de México, así como de los temas que resulten más apremiantes atender y monitorear desde el ámbito internacional’’.

Al mismo tiempo las ONG subrayan que “México se encuentra en un momento político y social de gran importancia’’, es por ello que le solicitan, que junto con víctimas y organizaciones de la sociedad civil mexicana, “asista al nuevo gobierno de México” que liderará Andrés Manuel López Obrador en diversos áreas.

La sociedad civil mexicana pide a la oficina de la Alta Comisionada asistencia para conformar una Fiscalía Independiente y Autónoma.

Remarcan que “México debe crear una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, con un presupuesto propio para realizar investigaciones imparciales”.

La Fiscalía, detalla el texto, debe contar con capacidades técnicas para investigar violaciones graves a derechos humanos a través de la creación de una Fiscalía especializada para este fin.

De igual forma solicitan a la Alta Comisionada asistencia con respecto a la desmilitarización de la seguridad pública.

“El nuevo gobierno de México, cita la carta, debe establecer un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública, emprender una reforma policial a fin de fortalecer las capacidades y efectividad de las corporaciones policiales en la persecución del delito y abrogar la Ley de Seguridad Interior”.

“Las funciones de prevenir e investigar los delitos en México, deben desempeñarlas exclusivamente autoridades civiles”, subraya.

Asimismo, las ONG solicitan asesoría para regular la política de producción, distribución y consumo de drogas.

“El Estado mexicano debe reconocer el fracaso del modelo prohibicionista y de las políticas de seguridad encaminadas al combate de la producción, distribución y posesión de drogas en el país. Ante ello, resulta indispensable una reforma integral en materia de política de drogas basada en la salud pública y el respeto a los derechos humanos”.

Señalan que “México debe instalar un Mecanismo Internacional complementario para hacer frente a la impunidad, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, con especialistas en investigación penal de otros países con probada experiencia en la materia”.

Para las ONG que suscriben la misiva el establecimiento de dicho Mecanismo Internacional contra la Impunidad tendrá por objeto fortalecer las capacidades de las fiscalías del país en la investigación penal de delitos como tortura, desapariciones forzadas y homicidios dolosos, cuando son cometidos a gran escala y como parte de un plan o política de organizaciones criminales o de instituciones del Estado.

De igual forma exhortan al ACNUDH acompañamiento para conformar una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica cuyo principal mandato sería visibilizar a las víctimas y exponer a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos – incluidos desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual – y dar cuenta de los métodos y las causas de la violencia.

A su modo de ver dicha comisión “también deberá esclarecer graves violaciones cometidas por agentes del Estado mexicano y por las organizaciones del crimen organizado, ya sea de manera independiente o en colusión”.

Asimismo, “se debe determinar si existen patrones generalizados y sistemáticos de violencia que constituyan crímenes de lesa humanidad. Explorar la posible conexión entre la violencia política del pasado y la violencia criminal del presente. Dignificar a las víctimas y a sus familiares”.

Además urgen fortalecer cooperación con los órganos y mecanismos internacionales del sistema de Naciones Unidas, así como con la Corte Penal Internacional.

La carta hace notar a la Alta Comisionada que “es importante que el Estado mexicano ratifique los instrumentos internacionales pendientes, como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y efectúe la declaración de reconocimiento de competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para tramitar casos individuales”.

Las ONG también llaman la atención de Bachelet sobre la necesidad de que el nuevo gobierno acepte a la brevedad, la visita de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos pendientes, como de la Relatora Especial sobre la situación de los desplazados internos, quien solicitó visita desde el 2015, así como aceptar la solicitud de visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas que conforme al artículo 33 de la Convención y después de haber recibido información fidedigna en torno a la gravedad de las desapariciones forzadas en México, ha solicitado una visita a México y se le ha negado hasta el momento.

De igual forma remarcan que el Estado debe dar cabal cumplimiento a observaciones e informes derivados de procedimientos contenciosos internacionales desahogados en los órganos de tratados.

Finalmente recuerdan a la titular del ACNUDH que el nuevo gobierno debe cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional e impulsar la política sobre “complementariedad positiva” de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, “cuya aplicación en México podría detonar mayor cooperación y voluntad por parte de los operadores jurídicos a nivel nacional para investigar y judicializar a los responsables de los crímenes internacionales”.

“Las y los mexicanos, estamos cansados de tanta violencia y las miles de víctimas no paran de exigir, aunque sin respuesta eficaz alguna, verdad, justicia y reparación integral por los crímenes que el Estado ha perpetrado o permitido que se sigan cometiendo”, manifestaron casi un centenar de ONG’s.

Seguramente, una gran oportunidad para que Bachelet aborde personalmente con las autoridades mexicanas la solicitud de asistencia de la sociedad civil, será el próximo Examen Periódico Universal de México en el Consejo de Derechos Humanos que se celebrará en Ginebra en noviembre, en donde se evaluará el récord de derechos humanos del país y al que asistirán altos representantes del gobierno.

Sin embargo, no está claro todavía quiénes asistirán del equipo de transición de López Obrador, ya que además del llamado de las ONG, los Estados miembros de la ONU también extenderán sus recomendaciones a México en el EPU y será clave que los integrantes del que será el nuevo gobierno asuman su compromiso.

Entre las organizaciones que firman la carta están Article 19 México, Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco De Vitoria, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México Unido Contra la Delincuencia, Observatorio Nacional Ciudadano y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Proceso.

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