ONU buscará rendición de cuentas por graves crímenes en Venezuela

27-09-2019

La ONU adopta resolución con miras a la rendición de cuentas en Venezuela en la que establece una misión internacional independiente de determinación de hechos para investigar ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014 a la fecha.

La resolución tiene como objetivo «asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, y solicita al grupo de expertos que presente un informe con sus conclusiones al Consejo en su 45° período de sesiones».

La resolución presentada por el Grupo de Lima y que contó con unos 30 co-patrocinadores incluyendo a la Unión Europea fue adoptada por 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones incluyendo México. El Consejo está formado por 47 miembros.

El texto adoptado urge al presidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) enviar “urgentemente” a dicha misión de expertos a Venezuela, sin embargo, está por verse si el régimen de Nicolás Maduro autorizará su entrada al país ya que el embajador venezolano Jorge Valero así lo advirtió y rechazó de manera categórica la imposición de una misión de expertos por considerarlo «una injerencia que vulnera la soberanía» de su país.

«No contará jamás con el consentimiento de mi país», advirtió Valero quien tachó a los países del Grupo de Lima como “súbditos de (Donald) Trump y los criticó por sus «políticas neo-liberales».

El texto expresa profunda preocupación porque más de 4 millones de personas se han visto obligadas a abandonar Venezuela y porque se fija en 7 millones el número de personas que requieren asistencia humanitaria dentro del país.

En este sentido el embajador de Argentina Carlos Foradori dijo que «el largo brazo de quienes controlan el Estado en Venezuela logran de un modo muy singular violar también los derechos humanos de millones de venezolanos que se encuentran en el exilio».

«La avalancha del éxodo venezolano tiene que ver con que el Sr. Maduro interfiere en todos y cada uno de nuestros Estados, porque los países de la región somos quienes a pesar de la carencia de recursos brindamos hasta lo que no tenemos para que las víctimas de la desgracia venezolana no tengan que padecer aún más penurias», remarcó.

A su modo de ver lo que está ocurriendo es » una limpieza política sin precedentes en un país que no está en guerra y una forma muy novedosa de acabar con la oposición que esperemos no sea copiada por otros violadores seriales de los derechos humanos», lanzó Foradori .

La resolución, recalcó Foradori, es impulsada por países de la región porque todos los días en las calles de Buenos Aires, de Lima, de Río de Janeiro, de Quito, no podemos olvidar esta situación.

«No vemos este conflicto por televisión, ni por las fotos de Instagram o Twitter , lo vemos en la mirada de cada venezolano», dijo el embajador ante el pleno.

«No estamos dispuestos a otorgar un certificado de perpetuidad a la injusticia», remató Foradori quien llamó a la comunidad internacional a dejar de participar en una «complicidad del silencio».

Por su parte la embajadora de Brasil Maria Nazareth Farani Azevedo consideró la necesidad «dar pasos serios y creíbles para la rendición de cuentas».

El texto aprobado menciona la investigación preliminar que se lleva a cabo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con respecto a los crímenes presuntamente cometidos en Venezuela , por lo menos, en abril de 2017 en el contexto de las manifestaciones recordando que el estado venezolano es parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Es por ello que los resultados de la investigación de la misión de expertos de la ONU podrían enviarse a la CPI para ser evaluados.

El día e ayer Venezuela, apoyado por Nicaragua, Corea del Norte, Irán, Siria, entre otros, trataron de bloquear dicha misión de investigación del Consejo con otra resolución en la que Miraflores promete «plena cooperación» con Bachelet.

Condenan transgresión del derecho internacional del régimen de Maduro

Condena enérgicamente todas las violaciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas bajo el régimen de Maduro e insta a las autoridades venezolanas a que sigan enteramente y de inmediato las recomendaciones que figuran en el informe de la Alta Comisionada y cumplan los compromisos contraídos durante la visita de Bachelet.

De igual manera “condena enérgicamente los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos, que incluyen casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y durante operaciones de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de órganos de seguridad como las Fuerzas de Acciones Especiales y de grupos armados civiles favorables al Gobierno”

Expresa gran preocupación por el hecho de que por lo menos 6.000 personas perdieron la vida desde enero de 2018 en el marco de operaciones de las fuerzas de seguridad y señala que, “según la información analizada por la Alta Comisionada, muchas de esas muertes puedan constituir ejecuciones extrajudiciales”

Deplora los «abusos sistemáticos» cometidos contra las instituciones como la Asamblea Nacional, “en particular violando su independencia, privando a miembros de la Asamblea de su inmunidad parlamentaria y deteniéndolos arbitrariamente, así como sometiendo a sus familiares a arrestos arbitrarios, torturas, malos tratos, amenazas de muerte , actos de vigilancia y acoso”.

Insta a las autoridades venezolanas a que pongan de inmediato en libertad a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas arbitrariamente de libertad, especialmente a las 27 personas detenidas y señaladas como casos prioritarios por la Alta Comisionada en el informe oral que presentó al Consejo de Derechos Humanos en su actual período de sesiones.

De igual manera acusa la clausura de decenas de medios impresos, el cierre de emisoras de radio, la prohibición de canales de televisión y el bloqueo habitual de plataformas de medios sociales, así como la detención de periodistas y el arresto arbitrario de personas por expresar su opinión en los redes sociales.

Expresa además preocupación por «la escasez generalizada de vacunas, medicamentos y tratamientos y la falta de acceso a los mismos, y por el deterioro de las condiciones en los hospitales, los dispensarios y las maternidades, lo cual es motivo, entre otros problemas, de que reaparezcan enfermedades controladas y eliminadas, entre ellas enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunación, y el aumento del riesgo a contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual».

Destaca las violaciones de los derechos a la alimentación y la salud, la violencia y la inseguridad, el desmoronamiento de los servicios básicos, el deterioro del sistema educativo, la falta de acceso a la atención médica prenatal y pos-natal y la insuficiencia de los mecanismos de protección frente a la violencia y la persecución por motivos políticos.

Y hace énfasis en que 3.7 millones de personas en el país sufren malnutrición.

Finalmente, invita a la Alta Comisionada para Derechos Humanos Michelle Bachelet a que, antes de que finalice 2019, presente a los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos un informe oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Proceso.

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