2015: ONU exhibió ante el mundo una crisis crónica de derechos humanos en México

Dos-puntosEl 2015 será recordado como el año en el que la severa crisis de derechos humanos en México fue exhibida de manera cruda y sin censuras ante la comunidad internacional por el sistema de Naciones Unidas. De manera inevitable llegó el momento en que el gobierno no pudo seguir tapando el sol con un dedo en el organismo multilateral.

En mi opinión, hubo tres momentos claves en los que la grave situación de derechos humanos que se vive en México fue expuesta ante el mundo muy a pesar del gobierno: la revisión del Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas, el informe del relator especial de la ONU contra la Tortura Juan Méndez y las declaraciones del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein al concluir su visita a México.

Los veredictos fueron claros y desastrosos. Las desapariciones forzadas y la tortura son prácticas “generalizadas” en México y para redondear el cuadro el país está inmerso en “una crisis crónica de impunidad”. Así, tal cual. Son conclusiones que no se refieren a un país en guerra como Siria, Irak o Yemen, se refieren al narco-estado en el que México se ha convertido ante nuestra pasiva mirada.

Para empezar, en febrero del 2015 el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas expresó su profunda preocupación por desapariciones “generalizadas en gran parte del territorio mexicano” , la mayoría de las cuales podrían calificarse como «desapariciones forzadas» y llamó al gobierno a adoptar una ley General de Desaparición Forzada e implementarla urgentemente  a nivel federal y estatal.

Fue desgarrador ver a algunos de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, asistir al examen en el Palacio Wilson sede del ACNUDH. Se sentían ajenos, en un país lejano y frío, se les veía desgastados, desesperados, cansados y presentaron su caso a los 10 expertos miembros del Comité y a la prensa internacional con la esperanza de que “alguien aquí en la ONU nos ayude”.

Finalmente, el Comité con respecto al caso emblemático de Ayotzinapa concluyó que «el grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el estado mexicano en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas».

Sé, y de muy buena fuente, que el gobierno de Los Pinos peleó y trató por todos los medios de quitar el término “generalizado’’ del informe. Los diplomáticos mexicanos desenfundaron la espada “por esa palabra, solamente por esa palabra”, de manera inútil.

Meses después el Relator Especial de la ONU contra la Tortura Juan Méndez, pegó más fuerte. Luego de su visita al país volvió a utilizar de nuevo el mismo término tan temido y centro de polémica: “generalizado”.

“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, afirmó Méndez al presentar aquí en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos su informe sobre su visita realizada a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo.

Entre otras conclusiones el relator de la ONU sostuvo que “hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.

La respuesta del gobierno al informe de Méndez no se hizo esperar y lo negó de forma categórica durante la misma sesión: “Deseamos reiterar ante este Consejo (de Derechos Humanos) que no podemos compartir una aseveración como la que propone el relator en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en el país ya que no corresponde con la realidad’’, dijo el embajador de México ante organismos de la ONU.

A lo que Méndez contestó: “La clave para la erradicación de la tortura y los malos tratos en México, y en otros lugares para el caso, es el reconocimiento de que hay un problema’’.

Días después, varios funcionarios en México trataron de desacreditar el informe de Méndez y llamarlo “poco ético”, cuando a nivel internacional el jurista es reconocido por su imparcialidad y profesionalismo. Las ONGs como Amnistía o Human Rights Watch y el personal del ACNUDH, lo consideran una eminencia en la materia. Y cabe recordar que el gobierno de México ha aplaudido, en el mismo foro de la ONU, informes de Méndez sobre otros países.

El término “generalizado” es tan temido y dispara tantas alarmas porque es la antesala del término “sistemático” y si expertos de un organismo internacional como la ONU llegasen a calificar la tortura, por ejemplo, como una práctica “generalizada y sistemática”, se podría llevar el caso a la Corte Penal Internacional pues de acuerdo al Estatuto de Roma podría ser catalogado de “crimen de lesa humanidad”. Así de cerca estamos.

A raíz del informe de Méndez y para tratar de bajar el nivel de las aguas el gobierno de la Ciudad de México invitó al titular del ACNUDH a visitar el país.

“Desde hace tiempo México ha sido muy generoso en sus invitaciones’’ dijo Zeid en rueda de prensa en la Ciudad de México al concluir su visita. Por tanto, ha sido una sorpresa para nosotros que el relator especial de la ONU  sobre la tortura Juan Méndez, al publicar su reciente informe sobre México, fuese sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos políticos”.

“Desafortunadamente esta intolerancia ante la crítica pública se ha manifestado en reacciones a otros informes internacionales sobre México’’, dijo Zeid en clara referencia al informe de la desaparición forzada.“En lugar de matar al mensajero, habrá que enfocarnos en el mensaje”, lanzó.

Además, entre otras severas críticas al gobierno, Zeid  argumentó una “impunidad crónica” en medio de una  crisis de derechos humanos en el país. Sin duda otro golpe noqueador.

“La combinación del miedo, ambición e impunidad crónica es potente y millones de personas están sufriendo este coctel venenoso que una vez fraguado es difícil de eliminar’’, valoró.

Además, a ojos del ACNUDH el caso de Ayotzinapa y la matanza de Tlatlaya son “un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas en el país entero”.

Así pues, con este panorama llegamos al 2016. Es urgente e imperativo que el gobierno de Enrique Peña Nieto, además de llevar al Congreso iniciativas de ley sobre la desaparición forzada y la tortura, tome medidas concretas para mejorar la crisis por la que atraviesa el país, especialmente en favor de las víctimas que son y han sido las más olvidadas. Y le guste o no al gobierno mexicano, seguirá siendo observado bajo la lupa de la ONU, será evaluado y tendrá que rendir cuentas.

La ONU, que para muchos no sirve para nada, seguirá vigilando muy de cerca lo que pase en nuestra querida y ensangrentada nación, seguirá documentando y seguirá denunciando las graves violaciones de derechos humanos que lleguen a ocurrir.

Y yo, que veo el mundo desde aquí, también.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.

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