ONU ​pide​ a México investigación «exhaustiva» sobre​ motín en Topo Chico

15-02-2016

El Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura Juan Méndez demandó al gobierno de México una investigación “independiente, imparcial y exhaustiva’’ sobre los hechos de Topo Chico​ en el que murieron 49 personas​ y le recordó sus obligaciones sobre la protección de los reos, así como el derecho de los familiares a saber la verdad.

Méndez exhortó a las autoridades mexicanas “a garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas que aún se desconocen sus nombres, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos”.

El experto de la ONU inspeccionó el Penal de Topo Chico​ ubicado en la ciudad norteña de Monterrey, Nuevo León, ​durante su visita oficial a México, en abril de 2014.

“Allí pude constatar que la flexibilidad excesiva en el régimen a la que está sujeta la población detenida conducía al autogobierno y​ a​ situaciones de violencia en el penal”, dijo Méndez en ​un mensaje a la prensa​ emitido en Ginebra.

“También pude verificar supuestas medidas de protección a detenidos que derivaban en situaciones de hacinamiento extremas”, detalló.

Recordó que al presentar el informe sobre su visita al  Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hizo clara referencia “a una infraestructura deteriorada, a condiciones sanitarias penosas, a la mala calidad de la comida, a sanciones de aislamiento en condiciones deplorables y a tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas con discapacidad, entre otras violaciones manifiestas a los derechos humanos’’.

“Esta información también la compartí con las autoridades de Topo Chico el mismo el 27 de abril de 2014, al concluir mi visita al centro de privación de la libertad”, agregó el Relator Especial.

La noche del 10 de febrero pasado 49 personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas durante un altercado entre reclusos en el Penal de Topo Chico, Nuevo León.

Por otra parte, el experto de la ONU recordó que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, “el Estado asume una posición especial de garante de los derechos de las personas privadas de libertad’’.

“El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México, establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo cual incluye el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a la integridad personal”, subrayó.

“Sin embargo”, concluyó, “esta obligación no se limita al deber que tienen los servidores públicos de abstenerse de violar los derechos de las personas privadas de la libertad, también abarca el deber positivo de protegerles de ataques contra la vida y la integridad provenientes de otras personas detenidas”.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.

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