Acusa ONU aumento de violencia policial en Argentina

15-05-2017

El Comité de la ONU contra la Tortura mostró su preocupación por el aumento de violencia policial en Argentina, deploró la sobre población y las condiciones de los reclusos en las cárceles, reprobó los malos tratos a mujeres en centro de detención y lamentó la falta de un registro nacional para casos de tortura.

En días pasados el Comité revisó al gobierno de Buenos Aires con respecto a su cumplimiento de la Convención contra la Tortura el cual se llevó a cabo en el Palacio Wilson, sede del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

Expertos de dicho Comité mostraron su preocupación «ante informaciones que dan cuenta de patrones de violencia y arbitrariedad por parte de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en el marco de detenciones policiales sin orden judicial, particularmente de jóvenes y menores en situación de marginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conducta delictiva».

Según las informaciones recibidas por el Comité, «dichos abusos incluirían tentativas de homicidio, como la de Lucas Cabello, desapariciones forzadas, así como actos de tortura, como los infligidos presuntamente contra Ezequiel Villanueva e Iván Navarro, de 15 y 18 años respectivamente».

El Comité urgió al Estado adoptar medidas efectivas para investigar con prontitud, eficacia e imparcialidad todas las denuncias de homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, hostigamiento y maltrato policial, y velar por que los presuntos autores, así como los superiores jerárquicos que supieran o debieran haber sabido que se estaban cometiendo estos actos, sean enjuiciados, y de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos.

Además «el Estado debe garantizar, en particular, un proceso judicial efectivo e imparcial sobre las torturas infligidas a Ezequiel Villanueva e Iván Navarro, restringir el recurso a la detención a situaciones de flagrancia y a la existencia de orden judicial previa, tal y como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De igual forma el gobierno argentino «debe asegurar que todas las personas detenidas gocen, en el derecho y en la práctica, de todas las salvaguardias legales fundamentales a partir del mismo momento de la privación de libertad, debe velar por que se vigile escrupulosamente el cumplimiento del sistema de registro de la detención y sancionar toda infracción».

El Comité de la ONU urge reafirmar inequívocamente la prohibición absoluta de la tortura en Argentina y le llama a advertir públicamente que cualquier persona que cometa actos de tortura, o bien sea cómplice de torturas o las tolere, será considerada personalmente responsable ante la ley, será objeto de un proceso penal y recibirá las debidas sanciones.

Especialmente con respecto a las cárceles pide investigar sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención, evaluando cualquier posible responsabilidad de los agentes estatales y de sus superiores.

«Cuando corresponda, el Estado debe castigar debidamente a los culpables y proporcionar una reparación adecuada a los familiares de las víctimas, ejercer una supervisión estricta de los procedimientos de registro personales y garantizar que éstos no sean degradantes para los detenidos o para los visitantes a los centros, de ser el caso», cita el Comité.

El Comité deploró el hacinamiento en las cárceles y las condiciones de los reos. Especialmente mostró su inquietud por que la tasa de ocupación mencionada por la delegación estatal se calcule en base a un parámetro de superficie de entre 2 y 3.40 m2 por interno en algunas celdas, el cual es muy inferior a los estándares de habitabilidad aplicables.

Por otra parte el Comité contra la Tortura nota también con preocupación el impacto que ha tenido la aplicación de la legislación en materia de estupefacientes en el aumento de la población femenina encarcelada.

Urge a que el gobierno de Buenos Aires intensifique sus esfuerzos para combatir todas las formas de violencia de género, incluida dentro de los centros de privación de libertad, velando por que se investiguen a fondo todas las denuncias, se enjuicie a los presuntos autores, se les impongan penas apropiadas de ser condenados, y velando asimismo por que las víctimas obtengan reparación integral del daño.

El Comité reitera la recomendación formulada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con respecto a las mujeres en detención y recomienda al Estado parte que desarrolle y mejore los programas de acceso a la salud de mujeres en detención a nivel federal y provincial.

Una vez más, el Comité reprochó a la Argentina la falta de un registro que recopile información sobre los casos de tortura y malos tratos por parte de agentes estatales en todas las jurisdicciones del Estado, incluyendo información sobre las investigaciones y procesos judiciales que se hayan tramitado y sus resultados.

«El Comité insta al Estado parte a establecer un sistema eficaz de recopilación de datos estadísticos a nivel nacional, que incluya las denuncias, las investigaciones, los procesamientos, los enjuiciamientos y las condenas relativas a casos de tortura o de malos tratos, y las medidas de reparación, en particular las indemnizaciones y la rehabilitación, de que se hayan beneficiado las víctimas», subraya.

En la configuración de este sistema, el Comité de la ONU sugiere que debería beneficiarse de la labor de recolección de datos y registro de casos que ya realizan otras entidades, como la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

Finalmente el grupo de expertos de la ONU instó al gobierno a mostrar avances con respecto a la conformación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y velar por que sus miembros sean elegidos en un proceso transparente e incluyente, de conformidad con los criterios de independencia, equilibrio de género, representatividad de la población, idoneidad y reconocida capacidad en diversas áreas multidisciplinarias, incluido en materia jurídica y de atención de la salud.

«Para ello el Estado parte debe abstenerse de nombrar miembros que ocupen cargos que puedan suscitar conflictos de intereses», concluyó.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.

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