México agazapado en derechos humanos desde Ayotzinapa

El gobierno de México ha dado un viraje radical, se agazapa y se cierra ante el escrutinio internacional en materia de derechos humanos sobre todo a raíz de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y al contrario de avanzar en el caso a dos años de los sucesos, premian a quien bloquea las investigaciones, a quien siembra evidencia y atacan a los que investigan, afirmó el ex Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza.

«Se ha puesto más afán en atacar a quien defiende en lugar de investigar a quien cometió esos delitos», afirmó Álvarez Icaza en entrevista a su paso por Ginebra en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

«Se percibe un cambio radical de posición del gobierno mexicano con respecto al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un cambio de actitud desde el inicio cuando buscó a la CIDH para pedir asistencia técnica a cuando cerró la puerta para la colaboración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sostuvo Emilio Álvarez Icaza subrayando que la decisión de esconderse del gobierno mexicano ante los ojos de los organismos internacionales no hace más que confirmar que se trata de un Crimen de Estado ya que estaban al tanto de lo ocurrido instancias estatales, locales, federales incluyendo al ejército. «Todos estaban enterados», sostuvo.

«Dos años después de los incidentes de Ayotzinapa queda claro que el estado mexicano no tiene la voluntad de resolver el caso y se hace evidente que sus formas de investigación reproducen la impunidad y no se avanza en la materia de justicia», dijo el ex secretario general de la CIDH.

«Lo lamentable es que dos años después está pendiente la justicia, la verdad, sigue pendiente la reparación y la no repetición y estamos en un punto tal que se tiene que investigar a quien investigó» dijo Álvarez Icaza  quien subrayó que a pesar de la inversión y los recursos destinados al caso, el Estado mexicano no tiene la voluntad de resolverlo ya que a pesar de que los expertos del GIEI probablemente estaban a poco tiempo de llegar a la verdad, se les expulsó del país.

 Álvarez Icaza recordó que los expertos del Grupo son quienes insistieron que al primero que había que investigar era a Zerón a quien se le acusa de haber sembrado evidencia e hizo hincapié en la gravedad de que el Estado haya trastocado elementos de la investigación, lo que a todas luces «está atentando contra el derecho a la verdad».

En lugar de abrir una investigación contra Zerón el Estado ahora lo premia con su designación en el Consejo Nacional de Seguridad lo que para el defensor de derechos humanos es un mensaje que demuestra «un entramado de intereses y complicidades por los cuales no avanza la investigación y es una clara muestra de por qué no se hace justicia en México (…) yo me pregunto pues ¿qué les sabe o qué le deben?

El GEIE además de investigar Ayotzinapa iba a extender recomendaciones estructurales y atender el fenómeno de la desaparición forzada en México, pero eso tampoco se pudo lograr, deploró.

«Tristemente, refirió, los padres no han tenido respuestas satisfactorias pues a pesar de la multitud de oficios que existen sobre el caso, desafortunadamente no se ha encontrado a los muchachos y precisamente encontrarlos es el verdadero indicador en términos de justicia y es de entender la frustración y molestia de los padres, porque a dos años de la tragedia no se sabe dónde están».

Los padres además han tenido que soportar campañas de desprestigio y han pasado por un proceso de re-victimización y si esto pasa con Ayotzinapa que cuenta con el interés internacional, Álvarez Icaza  cuestionó sobre qué pasará con los miles de casos de personas que no tienen recursos o que no cuentan con todos los reflectores como sucede con los 43.

Por otra parte y en paralelo al caso de Ayotzinapa y de los ataques contra los padres de los normalistas , se ha gestado un «patrón sistemático» de desprestigio y ataques contra organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la demanda contra el propio ex secretario general de la CIDH, lo que refleja un cambio radical en la postura del gobierno  y lo que ha sentado un precedente pues «ni el Perú de Fujimori ni la Venezuela de Chávez hicieron eso».

Recordó que en el último año el gobierno de EPN se le ha enfrentado a Juan Méndez relator de la ONU contra la Tortura al que trataron de descalificar y al  que no le autorizaron su visita de seguimiento después de haber afirmado que la tortura era una práctica generalizada en México, lo mismo sucedió con el Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada que revisó al país justo después de los sucesos de Ayotzinapa y cuyas recomendaciones no fueron aceptadas.

 «El gobierno tuvo desencuentros con el relator de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales, tuvieron desencuentros con la CIDH , con el GIEI, demandaron al secretario ejecutivo , mi persona, se pelearon con Buenos Aires y no le dieron el voto al juez argentino Raúl Zaffaroni para la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque criticó a México. Además, le negaron la visita a Michael Forst, relator de la ONU sobre defensores de derechos humanos y tuvieron diferencias con el parlamento europeo por una resolución sobre Ayotzinapa , además de las acciones para sacar del país al representante del ACNUDH  y sumado a ello tuvieron diferencias con el departamento de Estado de EU, con Amnistía Internacional y con Human Rights Watch.

«Tienen una actitud agresiva, porril, presionan a la prensa, y están lejos de la cooperación y apertura que se tenía con los gobiernos de Fox y Calderón», comparó.

«Ahora hay un retroceso al México oscuro y autoritario de tiempos anteriores a Zedillo», valoró.

Cuando expertos de la ONU como Méndez utilizan conceptos como el de «generalizado» o «estructural» que se acercan a los estándares de la Corte Penal Internacional , lo que sucede es que  «el Círculo 1 de Pinos» no piensa que haya una crisis de derechos humanos sino más bien un exceso de apertura y eso es lo que motiva este cambio radical, explicó.

El «Círculo 1 de Los  Pinos» piensa que México se abrió demasiado al sistema de derechos humanos y consideran que eso tuvo un gran costo y ahora los subsecretarios atacan al sistema. Los ataques se hicieron más evidentes con Gómez Robledo y ahora su sucesor toma una actitud de «porro internacional» , una actitud de golpeteo, para desacreditar y atacar en corto.

También atacan a la CIDH, no la apoyan con recursos financieros y la quieren sacar de Washington como quiso hacer Venezuela hace 4 años , criticó.

Estas cosas se reflejan en diferentes ámbitos, desde fuera se puede ver que hay problemas de gobernabilidad, el tema de los derechos humanos tienen que ver con el sistema democrático , con la certeza jurídica , con el estado de derecho, con la  justicia y los inversionistas ven problemas en México y eso le va a afectar al país, eso pega en la confianza, argumentó.

Esto tiene al final del día un impacto y genera indicadores de riesgo para las inversiones y de credibilidad, subrayó

El gobierno de EPN en lugar de enviar un mensaje de prevalencia del estado de derecho y resolver Ayotzinapa, manda un mensaje de impunidad, tienen lugar crímenes que no se resuelven , eso lo registra la comunidad internacional y aleja a los inversionistas que requieren garantías para llevar sus negocios al país, argumentó.

«No entienden que la realidad es aplastante, los propios  inversionistas padecen moches, derechos de piso, extorsiones, secuestros, etc. 

La realidad es tan aplastante que las frases cosméticas de cooperación no son suficientes, no es un tema de imagen y esa política a la que ha virado el gobierno afecta su credibilidad. La falta de gobernabilidad en el país no se puede esconder con discursos , «es imposible tratar de tapar el sol con un dedo, el gobierno no entiende que la verdad es necia y se impone», concluyó. 

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.