¡Qué decepción!

Decepcionó México en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es deplorable que la 4T ignoró serias violaciones de derechos humanos contra la minoría uigur en la provincia china de Xinjiang, que no apoyó establecer un relator especial para Rusia y tampoco avaló la renovación de mandato de la Comisión de Investigación que ha denunciado crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En las tres resoluciones que denunciaban a los gobiernos de China, Rusia y Venezuela, la delegación de la 4T se abstuvo de votar, lo que tácitamente se entiende como estar del lado de esos gobiernos acusados de graves violaciones de derechos humanos y que están bajo la lupa del Consejo.

Quizá México entró en esta tónica porque se está curando en salud y le huye a ser sujeto de escrutinio en el augusto foro. A ningún país le es indiferente ser señalado como país violador de derechos humanos. A ninguno.

En el caso de China fue realmente deplorable el papel de Argentina, país que tiene la presidencia del Consejo en este año, Brasil, del que no nos extraña nada con Bolsonaro en el poder y México, que le hizo el juego a China. Beijing mostró su músculo pues la resolución que pedía un debate sobre la situación de los uigures en los llamados campos de reeducación, que más bien son de concentración, no pasó. Se pedía solamente un debate… pues ni así. El gigante asiático sabe con quién ejercer su presión. Si estos países de América Latina hubieran votado a favor, China no se hubiera salido con la suya. Venezuela, por supuesto, votó en contra.

Con respecto a la resolución de Venezuela, se pedía la extensión del mandato de la Misión de Investigación cuyos hallazgos son desgarradores y que además el grupo de expertos de dicha misión ha acusado a Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad. Es gravísimo.

Maduro ha de estar muy contento con la abstención de México, pero de cualquier manera se aprobó y se extendió el mandato de la misión por dos años más para que sigan con sus investigaciones.

En su informe, la Misión llegó a la conclusión de que “había motivos razonables para creer que las violaciones y los delitos cometidos en Venezuela formaban parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, en el contexto de una política de supresión de la oposición al Gobierno. La Misión identificó seis estructuras principales responsables de la comisión de violaciones de los derechos humanos y delitos’’.

“Entre estas estructuras se encontraban los servicios de inteligencia militar y civil del Estado venezolano, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). La Misión concluyó que individuos de distintos niveles institucionales y jerárquicos de ambos organismos estaban involucrados en esas violaciones y delitos, con el fin de reprimir la oposición real y percibida al Gobierno.

Además, los delitos y violaciones cometidos por miembros del SEBIN y de la DGCIM ̶ “revistieron especial crueldad y se cometieron contra personas indefensas”, acusan los expertos.

La embajadora de México Francisca Méndez explicó la abstención del gobierno de Palacio Nacional “a efecto de mantener las negociaciones políticas para albergar los diálogos de paz entre el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela”.

Sin embargo, eso es mentira porque el oficialismo y la oposición no se han reunido desde finales del año pasado, cuando la administración de Maduro estableció como condición para seguir en el proceso que se liberase al empresario colombiano Alex Saab, extraditado de Cabo Verde a los Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.

Y con respecto a Moscú, el Consejo adoptó una resolución para nombrar a un relator especial para Rusia por la represión orquestada por Vladimir Putin en su propio país. México se abstuvo. La resolución en este caso no habla de la invasión a Ucrania, sino que expresa su alarma por “el importante deterioro de la situación de los derechos humanos en Rusia, en particular por las graves restricciones de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación, tanto en línea como en espacios físicos, que se traducen en una represión sistemática de las organizaciones de la sociedad civil”

Asimismo, “los defensores de los derechos humanos —en especial las defensoras de los derechos humanos, que se enfrentan a amenazas particulares debido a su género—, los medios de comunicación independientes, los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación, los abogados y la oposición política por parte de las autoridades rusas, y la ejecución extrajudicial de personas que critican al Gobierno”. México quedó bien con el Kremlin.

Así los sinsabores con nuestro país que se hizo de la vista gorda en la ONU con respecto a gobiernos que cometen atrocidades contra su propio pueblo ¡Qué decepción!

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Opinión 51.