Vive México un alto nivel de estrés por falta de agua potable: ONU

El relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento Léo Heller, lamentó que una buena parte de los mexicanos soportan niveles altos de estrés por la falta de agua, acceso al agua potable, saneamiento , suministro del líquido vital y llamó al gobierno a asumir su responsabilidad de garantizar ese derecho a toda la población.

“Muchos viven en regiones que padecen un nivel alto o muy alto de estrés hídrico, experimentan bajos niveles de desarrollo y se enfrentan a diferentes conflictos socio ambientales y niveles considerables de pobreza, lo cual exige estrategias específicas para la prestación de servicios”, cita el informe realizado por el relator sobre su misión a México del 2 al 12 de mayo 2017.

“México afronta numerosos desafíos para garantizar el derecho humano al agua potable y el saneamiento a toda su población, buena parte de la cual reside en zonas urbanas periféricas y comunidades rurales muy dispersas en todo el país’’, sostiene el informe.

Sostiene que en los últimos años estas dificultades han aumentado a causa de un entorno económico en el cual los ingresos gubernamentales se han reducido drásticamente, debido en gran parte a la caída de los precios del petróleo.

“ Los presupuestos federales para servicios esenciales han disminuido significativamente, con reducciones superiores al 37% entre 2016 y 2017 para el sector del agua y el saneamiento, según informaciones recibidas’’, indicó.

“Esos recortes pueden tener un efecto dramático a corto, mediano y largo plazo en la realización progresiva de los derechos humanos al agua y el saneamiento’’, advierte el Relator.

“Ese impacto negativo podría verse agravado por la situación institucional del sector, que, en palabras de un experto, se encuentra “en cuidados intensivos” debido a las actuales condiciones políticas, financieras y presupuestarias’’, observa el informe.

El Relator Especial recuerda que la responsabilidad primordial por la realización de todos los derechos humanos, incluido el derecho al agua potable y el saneamiento, corresponde al Gobierno de México, del cual se espera que utilice el máximo de recursos disponibles para cumplir esa finalidad.

“ El Relator Especial escuchó con preocupación de diferentes autoridades que el derecho al agua potable y el saneamiento no figuraba entre las máximas prioridades del Gobierno en el contexto de sus obligaciones de derechos humanos’’, deploró.

“Es esencial velar por que la prestación de servicios municipales a las comunidades guarde plena correspondencia con las obligaciones y compromisos nacionales de suministrar agua potable y saneamiento, algo que con frecuencia no sucede en la actualidad’’ recomendó.

Por otra parte , Heller observó que el artículo 4, párrafo 6, de la Constitución, reformado en 2012, garantiza explícitamente el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua […] en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

“Mientras que encomia a México por esta nueva medida, el Relator Especial señala que la reforma de la Constitución exigía que en un plazo de 360 días se promulgara legislación específica sobre la cuestión’’, recordó.

“Cuando han transcurrido más de cinco años, es lamentable que todavía no se haya aprobado esa ley y que se hayan frenado los progresos al respecto”, criticó.

En este contexto el Relator propone que el gobierno promulgue “sin dilación indebida” una legislación general revisada sobre el agua, en la cual se dé pleno efecto y significado a los derechos humanos al agua y el saneamiento consagrados en el derecho internacional y en la Constitución de México.

Instó a revisar el sistema descentralizado en tres niveles de gestión de los servicios de agua y saneamiento con miras a fortalecer el apoyo y la financiación estatal y federal a los proveedores de servicios de nivel municipal que actualmente tienen dificultades para cumplir las obligaciones que les impone el artículo 115 de la Constitución.

Urge al Estado a que haga efectivos los derechos humanos al agua y el saneamiento utilizando el máximo de recursos disponibles, y garantice financiación para cumplir los compromisos jurídicos, normativos y ampliar y mejorar el suministro de servicios de agua y saneamiento a las regiones o comunidades con servicios deficientes o sin ellos.

Pide establecer “entidades reguladoras oficiales de los proveedores, tanto privados como públicos, que estén facultadas para asegurar que dichos proveedores respeten plenamente los derechos humanos y cumplan las obligaciones y normas que impone la ley”.

Le urge a que tome “ todas las medidas posibles para asegurar el acceso universal al agua y el saneamiento para las poblaciones marginadas que viven en las circunstancias más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, las poblaciones rurales, las personas sin hogar y los residentes de zonas urbanas periféricas con servicios deficientes.

Asimismo, le recomienda actualizar con urgencia las normas de calidad del agua potable.

“Siguiendo las guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la calidad del agua potable, y ejerza una vigilancia y una supervisión de la calidad del agua potable más estrictas y más orientadas a la protección de la salud’’, subraya el documento de 21 páginas.

Por otra parte, el experto de la ONU urge al gobierno velar por que se apliquen tarifas sociales a los servicios.

“De modo que el suministro asequible de agua y saneamiento esté asegurado para todos, incluidos los más pobres y más marginados de la sociedad, y las familias cuyas circunstancias las han dejado en una situación muy vulnerable, como las afectadas por las desapariciones forzadas’’, recalcó.

“El Gobierno debe establecer disposiciones jurídicas que prohíban la interrupción del servicio a los usuarios sin capacidad económica para pagar las facturas por ese servicio”, exhortó.

Argumentó que es responsabilidad del Estado eliminar las restricciones que limitan o prohíben la prestación de servicios de agua y saneamiento a los asentamientos ilegales o irregulares, de modo que los habitantes de esos asentamientos puedan gozar plenamente de sus derechos de acceso a esos servicios, sin discriminación.

Le llama también a ofrecer más apoyo y financiación de los diferentes niveles de gobierno a los sistemas de agua y saneamiento gestionados por las comunidades a fin de lograr su ampliación y su buen funcionamiento.

Para la ONU unos servicios asequibles son esenciales para garantizar el derecho al agua, especialmente para las personas que viven en la pobreza ya que de la población total de 121 millones de habitantes de México, aproximadamente 53.3 millones viven en la pobreza, y 11.4 millones en la pobreza extrema.

De igual modo, el Relator mostró su alarma especialmente por el suministro y calidad del agua en un gran número de escuelas públicas de todo el país.

“México tiene 206.155 escuelas públicas, de las cuales 42.617 obtienen agua de un pozo o de un camión cisterna, mientras que 6.489 escuelas no tienen acceso al agua. Cuando se dispone de agua, su calidad no está garantizada’’, valora el informe.

“(El Estado ) debe mejorar el acceso al agua, el saneamiento y la higiene en todas las instalaciones educativas en las zonas rurales y urbanas implementando rápidamente políticas para suministrar retretes y fuentes de agua potable, asignando prioridad a los estados y comunidades que presenten los niveles más elevados de pobreza y marginación’’.

“ Y vele por que se incluya en la legislación la obligación legal de suministrar agua y saneamiento a las escuelas, instituciones de salud, prisiones y otras instituciones públicas’’, recomendó.

Además, el Gobierno debe tomar medidas para asegurar que los servicios de agua y saneamiento para los pueblos indígenas sean accesibles, asequibles y aceptables para ellos, y apropiados a sus propias tradiciones culturales, creencias y sistemas tradicionales de gestión de la tierra y el agua de la comunidad.

Llama a fortalecer la capacidad de acceso de todas las personas afectadas a remedios por vulneraciones de los derechos al agua y el saneamiento.

“Incluidas las medidas para prevenir su repetición, mediante mecanismos judiciales y procedimientos no judiciales de reclamación que sean accesibles, transparentes y sujetos a rendición de cuentas’’, valoró.

El experto subraya los derechos de todas las personas y grupos a protestar libremente por cuestiones relativas a sus derechos al agua y el saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o detención, y se garantice su seguridad y su protección con arreglo a la ley y en la práctica.

Alienta al gobierno a que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite la presentación de quejas al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte o en nombre de personas o grupos que se hallan bajo la jurisdicción de México y afirman ser víctimas de una vulneración de sus derechos humanos al agua y el saneamiento.

Durante su misión el Relator pudo observar los problemas graves relacionados al goce del derecho al agua y saneamiento en varias zonas rurales especialmente en los estados de Chiapas y Veracruz.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Reforma.