AMLO no ha formalizado visita del Comité contra Desaparición Forzada

El Comité de la ONU contra Desaparición Forzada (CED en inglés) aún no ha recibido invitación formal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para visitar el país en el 2020 y tampoco ha oficializado la competencia del Comité para aceptar su competencia de recibir comunicaciones individuales.

Así lo confirmó a Proceso la encargada de comunicaciones del CED de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos Albane Prophette-Pallasco.

“Por el momento el Comité (CED) no ha recibido invitación oficial”, reveló Prophette-Pallasco.

Asimismo, confirmó que el Secretariado “no ha recibido” ninguna comunicación por escrito en la que el gobierno de Palacio Nacional autoriza la competencia del CED para recibir y examinar casos individuales, una de las recomendaciones que el CED ha hecho a México en reiteradas ocasiones.

El pasado 30 de Agosto el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas en la conferencia matutina de AMLO anunció la invitación formal al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para que realice una visita oficial a México en el segundo semestre del año 2020.

De igual manera aseguró que el gobierno de la 4T aceptaría la competencia del CED para comunicaciones individuales a partir del 30 de agosto.

Sin embargo, a pesar de que esto fue anunciado públicamente y fue celebrado por las víctimas, sociedad civil, expertos en la materia y población en general, ninguna de estas iniciativas puede entrar en vigor, ni agendarse, sin que haya de por medio una solicitud por escrito, firmada por el gobierno y enviada al CED cuya sede se encuentra en la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

Las palabras se las lleva el viento

Según explicó a Proceso una fuente cercana al CED que prefirió el anonimato , las declaraciones, promesas, compromisos, hechas por un Estado parte en relación al Comité como es el caso del Estado mexicano, tienen que ratificarse por escrito y oficializarse, tal como lo estipula la Convención.

“No pueden ser tomados en cuenta, ni en serio, ni proceden, sin una comunicación por escrito que así lo señale, eso es básico y fundamental sobre todo ante una cuestión tan delicada y tan seria como es la desaparición forzada en México, que según las últimas conclusiones del CED sigue siendo generalizada”.

“En cualquier acuerdo, y más de esta relevancia, no bastan las promesas, porque las palabras se las lleva el viento”, remarcó.

En las últimas conclusiones del CED sobre la situación en México publicadas el 19 de noviembre de 2018 luego de la revisión del informe que tuvo lugar el 9 de Noviembre del mismo año en la sede del ACNUDH en Ginebra Suiza, los expertos de la ONU reiteraron preocupación porque el flagelo de las desapariciones en México sigue siendo generalizado.

«El Comité lamenta profundamente que se mantiene una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado (mexicano) y que imperen la impunidad y la re-victimización”, remarcó el CED a escasos días de la toma de posesión de AMLO.

“El Comité observa con preocupación patrones de falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio del Estado parte», observó.

Además el CED instó al gobierno a “fortalecer a las fuerzas civiles del orden y a establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública’’.

Además, recomienda “adoptar un marco normativo que regule el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden, compatible con el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares internacionales».

El grupo de 10 expertos independientes de la ONU “observa con preocupación el rol otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública en la mayoría del territorio del Estado parte, la creciente militarización de las autoridades civiles encargadas de hacer cumplir la ley y el impacto que esta tendencia podría tener en el aumento de la desaparición forzada y en la impunidad».

Entre otras recomendaciones el grupo de expertos reconoció «variados obstáculos para la implementación de la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, en particular en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación, y la existencia de obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral».

Además, el CED subraya «la falta de avances efectivos en la plena implementación de las recomendaciones formuladas en sus observaciones finales extendidas al gobierno en 2015».

Por último, según cita la Convención contra Desaparición Forzada: “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Proceso.