Denuncia ONU torturas y encubrimiento en caso Ayotzinapa

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos denunció tortura en al menos 34 de los detenidos por el caso Ayotzinapa y documentó una serie de encubrimientos durante la investigación del caso de los 43 estudiantes de víctimas de desaparición forzada en Septiembre de 2014.

“Hay sólidos motivos para creer que a una parte de las personas arrestadas en México en la etapa inicial de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, se le habría detenido arbitrariamente y torturado’’, subraya un nuevo informe realizado por investigadores del ACNUDH.

En el documento, titulado “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, se analiza información sobre 63 personas de un total de 129 imputadas en relación con la desaparición de los estudiantes.

“Tras el examen de los expedientes judiciales, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, la Oficina cuenta con fuertes elementos de convicción para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas”, denuncia el documento.

En el informe se señala que hubo “un modus operandi prácticamente uniforme” en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la ley.

Según el informe que se dará a conocer en rueda de prensa en México , en muchos casos se ofrecieron “justificaciones no plausibles y contradictorias” para explicar las causas de las lesiones que presentaban las personas detenidas, como “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”.

Además, destaca la existencia de una serie de declaraciones auto-inculpatorias “libres y espontáneas” hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones, como queda evidenciado en los partes médicos.

El informe señala que los casos documentados de violaciones de derechos humanos ocurrieron a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación, que hasta entonces había llevado la Fiscalía del Estado de Guerrero, donde los estudiantes desaparecieron.

“Todos los arrestos fueron realizados por personal de la PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina (Semar)”, observa el documento.

El informe llama a que cualquier prueba del caso Ayotzinapa, sobre la que existan razones fundadas de haber sido obtenida bajo la tortura, se excluya o se declare nula y sin efecto, de acuerdo con la Ley General sobre Tortura vigente en México y con las normas del derecho internacional.

Asimismo, se insta a la PGR a realizar investigaciones en un plazo razonable e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones de derechos humanos.

La Visitaduría General de la PGR llevó a cabo en 2016 un esfuerzo genuino para investigar algunas de las violaciones, señala el informe.

“Pero esta investigación interna fue frustrada posteriormente por el remplazo de los funcionarios comprometidos con dicho empeño y, hasta la fecha, no se han producido imputaciones ni sanciones en relación con los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos”, subraya el texto.

“Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso deAyotzinapa”, afirmó el Alto Comisionado de la ONu para Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein.

“ Esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, sostiene.

En el informe se pide al Estado mexicano que elabore y aplique el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, se exhorta al Congreso a adoptar reformas legales que garanticen realmente la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República y que incluya órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas.

“El Estado mexicano debería, además, implementar la recomendación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad”, insistió Zeid.

Este informe no aborda quiénes fueron los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y de las muertes de otras seis personas. Sin embargo, al arrojar más luz sobre algunas de las deficiencias de la fase inicial de la investigación, busca contribuir a la verdad en lo referente a estas desapariciones.

“El caso Ayotzinapa pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos”, valoró Zeid.

“Durante tres años y medio las familias de las víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les ocurrió a sus seres queridos”, agregó.

Finalmente Zeid urgió a las autoridades a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Reforma.