La CIDH debe permanecer en México por el caso Ayotzinapa

Miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEIE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa urgieron a establecer un mecanismo sólido para dar seguimiento a sus recomendaciones e instaron a que haya presencia constante de la CIDH en el país hasta que se esclarezca el caso.

Carlos Beristain, miembro del GIEI, señaló en entrevista con Panorama que el mecanismo se dará a conocer muy pronto y que se debe mantener el nivel de confianza con las víctimas, hacer un trabajo efectivo y, especialmente, que haya un cambio sobre lo que impidió hacer la investigación.

“Pensamos que en un caso tan complejo se necesita presencia permanente en el país de alguien de la CIDH para poder recabar la información, para hacer tareas claves para que después en las visitas se pueda hacer un trabajo realmente efectivo y tener indicadores de progreso en las recomendaciones”, sostuvo.

“Para dar con la verdad el tiempo no es un factor: lo que es necesario es el acceso a las fuentes”, argumentó el experto, quien participó en un evento organizado por la ONG argentina Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el marco de la trigésima segunda sesión del Consejo de Derechos Humanos.

En el evento, moderado por la representante de CELS, Gabriela Kletzel, y Ulises Quero de la CMDPDH, el embajador de México, Jorge Lomónaco, adelantó que el mecanismo de seguimiento consistirá “en tres visitas de seguimiento del relator del país, las dos primeras sobre investigación, búsqueda y atención a víctimas y la tercera se llevará a cabo en caso de ser necesario y la definiría la propia CIDH”.

“Las visitas esporádicas no son suficientes”, consideró Beristain, quien subrayó que el mecanismo de seguimiento debe ser lo suficientemente sólido para que no genere frustración y pueda ofrecer seguridad y confianza a los familiares de las víctimas. “Si no es un mecanismo robusto no va a tener incidencia en el seguimiento del caso”, explicó.

Beristain aseguró además que la investigación “no es un problema de tiempo, debe haber una transformación de los elementos que han bloqueado la investigación. Si la SEIDO deja de tener una intervención, si se toman declaraciones al personal del Batallón 27, hay preguntas que no se les han hecho y que nos gustaría hacerle”. Asimismo, enfatizó en la necesidad de indagar por el papel que jugó el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón, quien no aplicó los protocolos de investigación en el caso.

“Recientemente no se ha cambiado la narrativa de lo que nosotros señalamos, no se habla de la policía federal de Iguala, ni de la policía estatal de Guerrero, ni la intervención de la policía de Huitzuco: se sigue utilizando la versión del basurero, de la quema y del río, y hay tendencia a considerar a los estudiantes como presuntamente muertos, pero estamos ante un caso de desaparición forzada”, dijo.

Beristain también recordó que para el GIEI la hipótesis central es la de un quinto camión que presuntamente estaba cargado con heroína y argumentó que es altamente probable que ese haya sido el motivo de la desaparición de los 43 estudiantes.

“No hay otra explicación para un operativo tan grande como el que se desplegó sólo para unos jóvenes que van a tomar camiones, que no interfieren en un acto político y a los que nadie confundió con miembros de ningún cartel, cosa que está probada. Lo que sí hay es relación del crimen organizado y autoridades y policías de diferentes niveles en Iguala y lo que es claro es que hubo un operativo para no dejar salir a los autobuses”.

“Además, cuando llegamos a México el quinto autobús no existía en las investigaciones de la PGR”, precisó Beristain antes de discutir las evidencias que existen del tráfico de heroína entre Chicago e Iguala.

“La única palabra que no está en los expedientes es ‘heroína’, cuando sabemos que el 80 por ciento de producción se da ahí (en Iguala)”, indicó.

Aunado a ello, explicó el experto, ha habido un retraso de cinco meses sin que la PGR incorpore al expediente el caso del traslado de heroína a Chicago. “Desde que llegamos pedimos asistencia jurídica internacional, algo que el Estado mexicano tardó meses en solicitar, lo hizo hasta el mes de marzo, eso hay que investigarlo y también se deben hacer escuchas telefónicas”, agregó.

Con respecto a las llamadas, Beristain dijo que esta línea de investigación debe ser ampliada y que las compañías telefónicas tendrán que colaborar.

Argumentó además que a pesar de que la versión del Gobierno dice que a las 12 de la noche los 43 estudiantes fueron asesinados y cremados, encontraron que del teléfono móvil de uno de los estudiantes salió un mensaje a su mamá pidiendo saldo: “me urge una recarga”, dice el mensaje recibido a la 1:16 de la madrugada.

“Ese joven estaba vivo y pedía recarga con urgencia por algo que estaba pasando y en el basurero no hay cobertura”, analizó el experto e hizo hincapié en la importancia de ampliar la investigación de los teléfonos, tanto de los normalistas como de los perpetradores, sobre todo en el caso de “el caminante”.

“Falta investigación de los teléfonos. Saber quién es ‘el caminante’, que aparece con ese nombre en la investigación de la PGR: se trata de una persona que se comunica con varios miembros de la policía de Iguala esa noche. Es un teléfono en el que se concentran muchas llamadas esa misma noche y habrá que investigar quién es porque podría estar ligado a la dirección de ese operativo”, recomendó.

“Costó mucho que hubiera colaboración de las empresas telefónicas con la PGR y con nosotros para darnos los elementos, pero falta hacer muchas cosas tal como lo hemos puesto en el informe sobre cómo se movieron los teléfonos de los chavos esa noche. Falta investigación en los teléfonos de los perpetradores, sobre las llamadas de Abarca, para que podamos tener más información como prueba objetiva y no solamente con declaraciones”, detalló.

“En México no se les da importancia a muchos hechos y evidencias, se da importancia a cuántos detenidos hay, pero no se ve el nivel de prueba, qué paso con los testigos, si fueron liberados, qué paso con ellos”, comentó Beristain.

En el evento en que tuvo lugar la conversación, la exfiscal de Guatemala Claudia Paz y Paz abordó el tema de la crisis económica que enfrenta la CIDH y señaló que ese factor no debe afectar la puesta en marcha del mecanismo de seguimiento porque todavía hay 300 000 dólares de fondos de lo que fue asignado al GIEI.

“Hay dinero suficiente”, refirió Paz y Paz, minutos antes de su reunión con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, para hablar sobre el seguimiento del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a la que también asistió Beristain.

Para Paz y Paz es relevante compartir con el Alto Comisionado su experiencia, las recomendaciones de los dos informes sobre el caso de los normalistas desaparecidos y, de manera global, el problema de desaparición forzada en México.

Finalmente, Paz y Paz afirmó que “para que el mecanismo de seguimiento tenga éxito debe haber voluntad política del Estado para resolver el caso emblemático de Ayotzinapa”.

“Es necesario que el Gobierno muestre con hechos su compromiso”, concluyó la exfiscal guatemalteca.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para PANORAMA.