ONU urge referir caso de Venezuela a la CPI

El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos Zeid Ra’ad al Hussein consideró que ante el clima de impunidad generalizada que existe en Venezuela y ante la incapacidad del Gobierno del presidente Nicolás Maduro para juzgar a los perpetradores de violaciones como ejecuciones extrajudiciales, tortura, uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, es necesario que la Corte Penal Internacional tome el caso.

“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia,” dijo Zeid al dar a conocer un informe sobre la espiral descendente de derechos humanos en Venezuela «que parece no tener fin».

Zeid recomendó que debido a que el Gobierno de Venezuela no ha otorgado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU el acceso al país, pese a las repetidas solicitudes cursadas, y habida cuenta de la gravedad y la naturaleza de las violaciones, el Consejo de Derechos Humanos debe establecer una Comisión de Investigación sobre la situación en Venezuela integrada por expertos independientes de reconocido prestigio y reputación intachable.

«El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, acusó Zeid .

“Desde hace años se vienen menoscabando las salvaguardias y los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado. La impunidad debe terminar”, abogó.

El documento también deja al descubierto el grave impacto de la crisis económica y social que atraviesa el país por lo que se refiere a los derechos a la alimentación y a la salud.

El informe ofrece una actualización con respecto a varias de las violaciones de los derechos humanos que fueron documentadas en el informe sobre la República Bolivariana de Venezuela publicado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en agosto de 2017.

Mientras que el informe anterior se centró en el uso excesivo de la fuerza y las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el contexto de las protestas, este nuevo informe documenta también los testimonios creíbles e impactantes sobre las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el curso de presuntas operaciones de lucha contra del crimen que se llevaron a cabo desde 2015 bajo la denominación de “Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)”.

De julio de 2015 a marzo de 2017, la Fiscalía General (Ministerio Público) registró la muerte de 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad durante las mencionadas operaciones.

Los testimonios recogidos sugieren que esas muertes se enmarcaron en un determinado patrón de comportamiento de las fuerzas de seguridad: la realización de incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a “criminales”, sin orden judicial; la muerte de jóvenes que correspondían a un cierto perfil, en algunos casos en sus propios hogares; y finalmente, la manipulación por las fuerzas de seguridad del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.

“Los testimonios de las víctimas, cuestionaron si realmente las OLP tenían el objetivo de desarticular a los grupos delictivos”, señala el informe. “Un conjunto de elementos aparece indicar más bien que las OLP constituyeron un instrumento para que el Gobierno mostrara supuestos resultados con respecto a la reducción de la delincuencia.”

Por iniciativa de la anterior Fiscal General, quien fue remplazada en agosto de 2017, se iniciaron investigaciones contra 373 agentes de las fuerzas de seguridad en relación con los homicidios mencionados.

«Desde esa fecha, no se ha comunicado ninguna información pública sobre el avance de las investigaciones; uno de los principales obstáculos a la divulgación de dicha información ha sido el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que está encargado de las investigaciones y es a la vez el principal presunto responsable de la mayoría de las muertes», sostiene.

Las OLP fueron sustituidas en enero de 2017 por otra operación denominada Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo, que son mucho menos transparentes que las OLP y más difíciles de rastrear. En todo caso, según las informaciones comunicadas por la sociedad civil, los homicidios han continuado, denuncia ACNUDH

El informe también documenta la muerte de 39 reclusos en un centro de detención del estado de Amazonas, en 2017, y de siete miembros de un presunto grupo armado en Caracas, en 2018, en el curso de operaciones en que los agentes de seguridad utilizaron presuntamente fuerza excesiva.

«La impunidad también parece ser generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017», documenta el ACNUDH.

La anterior Fiscal General había cursado al menos 54 órdenes de detención, pero hasta ahora la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha podido conocer de un solo caso en el que se ha iniciado un juicio formal.

En este sentido denuncia la desaparición de pruebas esenciales que figuraban en los expedientes de los casos denunciados, y los fiscales del Ministerio Público encargados de las investigaciones fueron remplazados tras el nombramiento del nuevo Fiscal General, en agosto de 2017. La Guardia Nacional Bolivariana también habría bloqueado las investigaciones.

“Las autoridades estatales no han investigado de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de seguridad”, sostiene el informe. Varios familiares de las víctimas indicaron que “habían perdido la confianza en el sistema de justicia y que no esperaban que el Gobierno fuera a rendir cuentas de manera fehaciente sobre lo ocurrido”.

Según la información recibida, el informe sostiene que algunos de los agentes de las fuerzas de seguridad acusados de haber cometido ejecuciones extrajudiciales de manifestantes han sido puestos en libertad, pese a que existen órdenes judiciales de detención en su contra. Todos los familiares de víctimas que fueron entrevistados indicaron que no tenían confianza en la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Públicas, establecida por la Asamblea Constituyente.

Por otra parte, varios profesionales de la salud también describieron a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU el grave deterioro de los centros de salud.

» La escasez sistemática de equipo y medicinas esenciales, la salida de médicos del país, empujados por los bajos salarios y la hiperinflación, y la falta de transparencia del Gobierno, que en ciertas ocasiones ha respondido a las críticas amenazando o incluso deteniendo a los profesionales de la salud y los periodistas que han denunciado la crítica situación sanitaria, son factores que han contribuido a la dramática crisis de salud en el país», observa el informe.

Por otra parte, el informe señala que el Gobierno se ha negado a reconocer la magnitud de la crisis alimentaria del país, incumpliendo así su obligación en virtud de las normas internacionales de hacer todo lo posible para asegurar el ejercicio de los derechos a la salud y la alimentación. La información disponible da cuenta de un rápido incremento de la desnutrición infantil.

“Hay familias que se ven obligadas a buscar comida en los contenedores de basura. Según algunas estimaciones, el 87 por ciento de la población e Venezuela está afectada por la pobreza, y el 61.2 por ciento se encuentra en situación de pobreza extrema; 1.5 millones de personas han debido salir del país desde 2014”, detalló Zeid.

“La situación de derechos humanos de la población de Venezuela es sombría», lamentó.

«Cuando una caja de pastillas para la hipertensión cuesta más que el salario mínimo mensual, y la fórmula de leche para bebés, más de dos meses de salario, pero protestar contra una situación tan desesperante puede llevar a la cárcel a quien protesta, la extrema injusticia de tales circunstancias se manifiesta con toda su violencia. Insto al Gobierno de Venezuela y a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro”, urgió el Alto Comisionado.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Reforma.