ONU recomienda a México investigar muertes de niños y adultos con discapacidad

El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ( CDPD) recomendó a México llevar a cabo una investigación exhaustiva de todas las muertes de niños y adultos con discapacidad ocurridas en instituciones del país y llevar a los responsables ante la justicia.

«El Comité está preocupado por múltiples informes que indican un alto riesgo de muerte de niños y adultos con discapacidad en instituciones, como resultado de diversas formas de restricción involuntaria y tratamiento médico inadecuado en hospitales psiquiátricos, debido a la asistencia y el apoyo profesionales insuficientes», señala el CDPD en sus conclusiones luego de haber examinado la situación de México.

El Comité de la ONU recomendó llevar a cabo «una investigación exhaustiva de todas las muertes de niños y adultos con discapacidad en todas las instituciones desde las anteriores observaciones finales del Comité (2014) en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con su participación activa a través de sus organizaciones representativas».

Pide al Estado que «proporcione protección a las víctimas de estos delitos y lleve a los perpetradores ante la justicia».

Asimismo, el CDPD invita al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, «desarrollar protocolos específicos para la evacuación en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y ocurrencia de desastres naturales, que se adapten a las situaciones específicas de cada estado, brindando claridad sobre el paradero de las personas con discapacidad y sus requerimientos específicos».

Le invita a diseñar y difundir en formatos accesibles, como braille, lengua de señas, lectura fácil y transcripción de audio y video, en todos los idiomas oficiales del Estado, incluidos los utilizados por las comunidades indígenas, información sobre mecanismos de alerta temprana en caso de de riesgo y emergencia humanitaria, sistemas de protección, redes institucionales y comunitarias de respuesta a crisis, e identificar lugares adecuados de refugio y albergues accesibles para personas con discapacidad en zonas urbanas y rurales.

De igual forma, el gobierno de Palacio Nacional debe «capacitar a todo el personal de la defensa civil en el abordaje de los temas de seguridad y protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y ocurrencia de desastres naturales».

Por otra parte, el CDPD recomienda al Estado «que elabore e implemente, con la participación de las personas con discapacidad, programas integrales de sensibilización con el objetivo de promover un modelo de derechos humanos de la discapacidad, y la sensibilización sobre los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad y de derechos a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad.

Además, «recomienda que las campañas de Teletón estén totalmente en línea con estos objetivos».

COVID

Con respecto a la pandemia , el Comité de la ONU exhortó al gobierno a «adoptar una respuesta inclusiva de la discapacidad a la pandemia de COVID-19 en las personas con discapacidad implementando la des-institucionalización de emergencia de las personas con discapacidad, evitando su abandono en sus hogares y brindándoles el apoyo necesario para vivir en la comunidad en condiciones seguras».

Llamó a que «implemente programas de apoyo a las personas con discapacidad para hacer frente a las consecuencias agravadas de la pandemia, considerando medidas específicas para las mujeres con discapacidad en materia de empoderamiento económico, acceso a los servicios de salud, incluidos los derechos de salud sexual y reproductiva, e información en formatos accesibles, así como como medidas para las personas con discapacidad que viven en instituciones».

Le urge a compilar datos sobre infecciones, enfermedades y muertes de personas con discapacidad como resultado del Sars-Cov-2, desglosados por tipo de deficiencia, género, residencia en zonas rurales y urbanas y condición socioeconómica.

Sugiere también consultar de cerca a las personas con discapacidad, en particular a las mujeres y niñas con discapacidad, y a sus organizaciones representativas, e involucrarlas, en todas las etapas del desarrollo y la implementación de los planes de respuesta y recuperación de la COVID-19 y en la preparación de dichos planes para el futuro.

Tratos inhumanos

El Comité que vela por la aplicación de la Convención de la ONU sobre los derechos de personas con discapacidad, urgió al gobierno de AMLO » prohibir explícitamente todas las formas de medidas coercitivas, como la inmovilización prolongada, el aislamiento, la medicación y la esterilización forzadas, la terapia electro-convulsiva, el uso de grilletes, etc., aplicadas específicamente a las personas con discapacidad».

Le insta a supervisar, de conformidad con la Convención y plena participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas, la implementación de la prohibición de medidas coercitivas en todas las instituciones públicas y privadas, viviendas para personas con discapacidad, incluso mediante el pago de visitas sin previo aviso, tomando medidas efectivas para solucionarlo y se persiga a los infractores.

El CDPD urge a la 4T establecer «mecanismos accesibles para denunciar tratos crueles, inhumanos o degradantes y recursos efectivos para las víctimas, y vele por que los perpetradores sean enjuiciados y sancionados».

Además, «garantizar que se establezcan albergues para víctimas de la violencia y que las instalaciones y los servicios que allí se brinden sean accesibles para las personas con discapacidad, en particular para las mujeres».

Y le llama a crear un mecanismo independiente de vigilancia y supervisión con la implicación y plena participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas, «para controlar y supervisar eficazmente las instituciones públicas y privadas, y publicar sus conclusiones».

Abandonar modelo médico

En otro orden de ideas, el CDPD expresó serias preocupaciones «por la prevalencia de un modelo médico y de asistencia social de la discapacidad en todo el país», por lo que urgió al estado «a que abandone el modelo médico y de bienestar de la discapacidad y lo sustituya por el modelo de derechos humanos».

Exhorta a adoptar leyes en todos los Estados que prohiban explícitamente la discriminación múltiple e interseccional de las personas con discapacidad y recomienda asignar suficientes recursos para implementar la Convención de manera efectiva en todos los niveles de gobierno y emitir un plan nacional integral sobre la implementación de la Convención a nivel federal y estatal, con especial énfasis en las personas indígenas con discapacidad, que incluya los mecanismos necesarios para implementarlo.

Entre la larga lista de recomendaciones el Comité de la ONU urgió al gobierno de AMLO a crear «un plan nacional que aborde específicamente el alto nivel de pobreza entre las personas con discapacidad, incluidos su financiamiento y un cronograma para monitorear su implementación».

Finalmente, el Comité recomienda diseminar sus conclusiones a nivel nacional, estatal y local así como a la sociedad civil y al público en general.

El examen que llevó a cabo el Comité de la ONU de manera virtual contó con la participación de una amplia delegación de México liderada por la Secretaria del Bienestar Ariadna Montiel Reyes , además de Martha Delgado Peralta , Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería y de la embajadora Francisca Elizabeth Méndez Escobar, titular de la Representante Misión Permanente de México ante la ONU.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Proceso.