Urge ONU despenalizar el aborto en República Dominicana

El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a República Dominicana legalizar el aborto terapéutico y tomar medidas para combatir trata de personas y explotación sexual.

Estas recomendaciones las extiende el Comité tras la evaluación del sexto informe del país caribeño que tuvo lugar los días 16 y 17 de Octubre en la sede del ACNUDH en Ginebra.

El gobierno de República Dominicana «debe modificar su legislación para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo, y cuando llevar a término el embarazo podría ocasionar un daño o sufrimiento sustancial a la mujer o niña embarazada, especialmente en los casos en que el embarazo sea el resultado de una violación o incesto o cuando no sea viable», subraya el documento dado a conocer hoy.

Además, sostiene que «el Estado parte no debe regular el embarazo o el aborto en todos los demás casos de una manera que sea contraria a su obligación de garantizar que las mujeres y las niñas no tengan que recurrir a abortos inseguros, y deberá revisar su legislación con respecto al aborto en consecuencia».

Las conclusiones del Comité subrayan que «no debe aplicar sanciones penales a mujeres y niñas que se sometan a un aborto ni a proveedores de servicios médicos que las asistan en ello, ya que tales medidas obligan a las mujeres y niñas a recurrir a abortos inseguros».

«Asimismo, debe asegurar que se sigan todos los procedimientos para obtener el consentimiento pleno e informado de las personas con discapacidad en la práctica de esterilización. Al respecto, el Estado parte debe impartir formación especial al personal de salud con el fin de dar a conocer mejor estos procedimientos para dar consentimiento, así como los efectos perjudiciales y los alcances de la esterilización forzada», cita el texto.

El Comité expresó su profunda preocupación por la total criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con penas de hasta 20 años de prisión, incluido cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo, cuando llevar a término el embarazo podría ocasionar un daño o sufrimiento sustancial a la mujer o niña embarazada, especialmente en los casos en que el embarazo sea el resultado de una violación o incesto o cuando no sea viable, así como en todas las demás circunstancias, con el resultado de un elevado número de abortos inseguros y una alta tasa de mortalidad materna.

«También está preocupado por el mantenimiento de los altos índices de embarazo infantil y adolescente, debidos entre otras cosas a la falta de servicios adecuados de salud reproductiva y a una información inadecuada e insuficiente Asimismo, está preocupado por las informaciones sobre la práctica de esterilización forzada a personas con discapacidad», añade el Comité.

En lo que va del año en República Dominicana han muerto 153 mujeres por causas relacionadas con el embarazo.

Por otra parte el Comité pidió al gobierno intensificar sus esfuerzos para combatir la trata de personas, los abusos sexuales y la explotación sexual y asegurar que las medidas adoptadas por el Estado parte para combatir estos fenómenos sean implementadas eficazmente.

«Debe también garantizar que estos delitos sean investigados, los responsables procesados y sancionados, y que las víctimas tengan acceso a medidas de protección y asistencia adecuadas, incluyendo la provisión de albergues en todas las regiones del país. Asimismo, debe intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, especialmente en el sector doméstico y agrícola», instó la ONU.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.