Naciones Hundidas: Impunidad «casi absoluta»

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED en inglés) que vela por el cumplimiento de la Convención sobre este crimen inhumano mantuvo un diálogo con la delegación de México los días 13, 14 y 15 de septiembre. Normalmente la sesión se lleva a cabo de manera presencial en la sede del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. El gobierno de Palacio Nacional pidió modificar el formato y llevar a cabo las sesiones de manera híbrida. Es decir, una parte de la delegación participaría de manera presencial y la otra parte se conectaría desde la Ciudad de México.

La jefa de la delegación en Ginebra fue la embajadora Francisca Méndez y en Ciudad de México se pensaba que la delegación estaría liderada por el Subsecretario de DDHH Alejandro Encinas o por el recién nombrado Subsecretario para DDHH de la cancillería Joel Hernández. Si la delegación de la 4T pidió un formato híbrido sería porque al menos uno de los subsecretarios se conectaría ¿no? Pero, oh sorpresa, cuando empezó la sesión los subses brillaron por su ausencia. Los expertos del CED levantaron la ceja al ver y sobre todo al escuchar a los representantes de la 4T. Muchas de sus intervenciones estuvieron para llorar. Bla, bla, bla.

Esta semana el CED publicó sus conclusiones sobre ese encuentro. Si los funcionarios cuatroteros quisieron marear al Comité, no lo lograron. A continuación, transcribo algunas de las observaciones de la ONU: Para empezar deplora el “alarmante número de desapariciones registradas en el Estado y la deficiente investigación de tales hechos que tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta”.

El Comité remarcó que “el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta 111 mil 540 personas desaparecidas en México desde el 1 de enero de 1962 al 12 de septiembre de 2023’’ y ante esta cifra el CED “lamenta la persistencia de una situación generalizada de desapariciones en el Estado”.

En lo que toca al censo que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, le preocupa que “el proceso de actualización del RNPDNO que se está llevando a cabo por iniciativa de la Presidencia de la República, no cumple con los criterios establecidos en el Protocolo Homologado de Búsqueda ni con estándares internacionales’’.

El censo “no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda sino por otras instancias; no cuenta con una metodología clara y transparente y mecanismos que permitan la participación de los familiares de las personas desaparecidas; y en cuya implementación se han denunciado actos de revictimización, incluyendo señalamientos contra los familiares de ocultar el paradero de sus seres queridos”.

En este sentido el CED recomienda “garantizar que la información contenida en el RNPDNO incluya los casos en los cuales haya indicios del involucramiento de servidores públicos o de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de tal modo que se identifiquen los casos de desaparición forzada’’.

El CED urge “asegurar que al diseñar e implementar la política nacional de prevención y erradicación de desapariciones forzadas, las autoridades del Estado reconozcan y tomen en cuenta las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales frente a las desapariciones, al tiempo de erradicar todas las causas estructurales de impunidad”.

Sobre la militarización: Al CED le preocupa “la mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y la falta de controles civiles eficaces que regulen o supervisen su actuación”.

La ONU reitera su recomendación y exhorta al Estado a fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública. El Comité también recomienda asegurar el debido funcionamiento de los mecanismos de control civil y rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”.

Al Comité “le preocupa que los familiares continúen encargándose de la búsqueda (en campo y en vida) e investigación que le competen al Estado. Además, está preocupado por las dificultades de acceso de los familiares y sus representantes a los expedientes de investigación y por alegaciones recibidas sobre el cierre paulatino de espacios de participación de las víctimas en asuntos que les conciernen”.

Urge velar por que los familiares de los desaparecidos “puedan acceder de manera efectiva a los expedientes de investigación y sean informados de manera completa, oportuna y respetuosa acerca de la evolución de dichos procesos’’.

Además, pide a Palacio Nacional “asegurar que la Comisión para el Acceso a la Verdad tenga acceso a los archivos estatales relevantes, incluidos los de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Estado Mayor Presidencial y los servicios de inteligencia, incluidos aquellos que se encuentran en los campos y bases militares que operaron como lugares de privación de libertad’’.

México se hunde en un mar profundo de dolor por sus desaparecidos al tiempo que el gobierno de López Obrador les envía a las víctimas, a sus familiares y a la ONU un mensaje de desprecio, pues 111 mil desaparecidos no merecen que los subsecretarios de DDHH pierdan su tiempo. Quizá es momento de llevar esta tragedia a la Corte Penal Internacional.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para EjeCentral.