ONU reitera tortura generalizada y grave impunidad en México

El informe de seguimiento del Relator Especial contra la Tortura sobre su misión a México concluye que la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México en un contexto de impunidad grave.

“El Relator lamenta concluir una vez más que la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México. La tortura, la cual incluye en alarmantes ocasiones el uso de la violencia sexual, se utiliza para castigar o extraer información o confesiones”, afirma el informe ​publicado en el portal del ACNUDH​.

A dos años de su  visita ​»el Relator​ ​lamenta informar que la situación no ha cambiado. Varias organizaciones manifiestan que la tortura sigue siendo perpetrada de forma generalizada por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación”, subraya.

“A esto se le suma un contexto de impunidad grave, donde la falta de investigación de estos hechos es la regla’’ sostiene el informe elaborado por Méndez con el fin de dar seguimiento a su visita realizada al País en abril de 2014.

“A pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes y todo ello tiene vínculos con la impunidad que prevalece en México”, sostiene el informe.

“El Relator desea resaltar con preocupación que según información del IGI México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayor nivel de impunidad. El 98% de los delitos en México permanecen en impunidad. Más preocupante es la carencia de cifras oficiales sobre los cargos y condenas por actos de tortura”, destaca el documento.

A pesar de que el experto no pudo realizar la visita de seguimiento que solicitó al gobierno mexicano, Méndez envió un cuestionario sobre las recomendaciones más relevantes realizadas en su primer informe y realizó una consulta al Estado, a 54 organizaciones de la sociedad civil, y a las 33 Comisiones de Derechos Humanos.

El informe será presentado por el suizo Nils Melzer, el nuevo Relator de ONU contra la Tortura (quien sucede a Méndez) en la sesión del Consejo de Derechos Humanos que inicia en Ginebra la próxima semana.

“Entendemos que la eliminación de la tortura es un desafío fundamental para México y es por ello que reiteramos nuestra recomendación sobre la importancia de promulgar la Ley General sobre la Tortura, con disposiciones apegadas a los más altos estándares internacionales”, urge el documento.

Advierte que el Relator de ONU continuará dando seguimiento al proceso de sanción de la ley y, sobre todo, al proceso de su implementación.

El Relator hace un llamado al Estado para que el Protocolo de Estambul se aplique de forma correcta; reitera la necesidad de que el personal que lo practique sea imparcial, independiente y autónomo.

“También exhortamos a los jueces penales para que admitan estudios independientes hechos conforme al Protocolo de Estambul”, insta el informe.

El Relator lamenta que las condiciones de detención no han mejorado en el País.

“ La prisión preventiva sigue siendo la norma; y la falta de atención médica adecuada es un problema serio, en especial para las mujeres privadas de libertad”, cita el documento que llama a fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Asimismo, el informe rechaza las formas de maltrato y tortura como la esterilización forzada a que han sido sometidas algunas personas con discapacidad en México.

“México debe hacer mejores esfuerzos para que la tortura, las desapariciones forzadas, la persecución a víctimas y defensores de derechos humanos y la impunidad dejen de formar parte de la cotidianeidad. Por ello, se alienta al Estado a dar cumplimiento a todas las recomendaciones formuladas en el informe de misión”, insta el documento.

En lo que se refiere a confesiones obtenidas por tortura recuerda al Estado que una vez presentada una alegación de tortura o malos tratos, corresponde al Estado probar que la misma no ocurrió, y todas las autoridades, especialmente las judiciales, tienen la obligación de ordenar las investigaciones correspondientes y desestimar la prueba originada en la coerción.

Condena las condiciones de las cárceles, menciona los motines en Topo Chico en los que hubo muertos y heridos en donde la situación no ha mejorado.

Además sostiene que todavía no existe un Instituto Nacional Forense independiente como ha sido recomendado por otros órganos internacionales de derechos humanos.

“El Relator tiene conocimiento de diversas iniciativas que tienen por objetivo crear dicha institución y alienta al Estado a dar pasos decisivos en esa dirección. Los dictámenes continúan siendo realizados por personal dependiente de las Procuradurías y Fiscalías”, observa.

Deplora que la falta de personal independiente contribuye a que los dictámenes arrojen resultados negativos de tortura; además, muchos de los servidores públicos imputados prestan sus servicios para la misma institución que investiga y practica los exámenes, lo que en términos del Protocolo de Estambul impide la imparcialidad.

“Un ejemplo de ello son los posibles actos de tortura cometidos contra personas procesadas por el caso Ayotzinapa, donde la misma instancia encargada de practicar los exámenes (Agencia de Investigación Criminal y su Coordinación de Servicios Periciales) es una de las señaladas en la comisión de actos de tortura”.

​México pide eliminar algunos párrafos del informe ​

El gobierno de México responde a la ONU en un documento de 23 páginas que tratan de descalificar las observaciones del relator y argumenta detalladamente sobre los puntos más sensibles .

Especialmente, el gobierno consideró innecesarios algunos párrafos , todos ellos en relación a la justicia militar.

El gobierno de EPN subraya que México ha aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual ha fijado parámetros para limitar la jurisdicción militar.

“Se destaca que la jurisprudencia de la CoIDH señala la necesidad de que un Estado de derecho cuente con una jurisprudencia militar encaminada a la protección de intereses jurídicos, especiales, vinculados a funciones propias de las fuerzas armadas; y que la propia Corte no ha considerado necesario modificar el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, afirmó el gobierno mexicano.

“Tomando en cuenta lo anterior, el gobierno de México se permite sugerir la conveniencia de eliminar los párrafos 13, 14, 15, 16 y 17 del informe’’ y más adelante insiste en que “por lo argumentos señalados y como se mencionó arriba, se estima innecesario incluir los párrafos 13, 14, 15, 16 y 17 del informe en cuestión’’, pidió el gobierno en su respuesta al Relator.

Cabe destacar el contenido de esos párrafos:

En el párrafo 13 del informe del Relator alienta al Estado a eliminar a la brevedad y en forma definitiva de su legislación al arraigo.

“Mientras ello ocurre, le urge a declarar una moratoria en su uso, a tomar medidas necesarias para erradicar la tortura y los malos tratos durante dicha detención arbitraria”.

En el párrafo 14 el informe recuerda que el Relator exhortó al Gobierno a reformar el Código de Justicia Militar (CJM) para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos sean de competencia civil aunque sean cometidos por militares contra militares, para ajustar plenamente el CJM a obligaciones internacionales del Estado.

En el párrafo 15 del informe el Relator sostiene que fue informado sobre la reforma del CJM y la publicación del Nuevo Código Militar de Procedimientos Penales de 2016 y señala que el Estado expresó su preocupación porque determinadas reformas al CJM propuestas podrían implicar la derogación tácita del fuero militar, y argumentó que cualquier afectación de derechos humanos cometidas por militares puede ser recurrida en tribunales ordinarios a través de un amparo.

En el párrafo 16 “ el Relator lamenta que la reforma de 2016 no ha incluido sus observaciones y que el CJM siga brindando competencia a la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos cuando víctima y agresor sean militares”.

El párrafo 17 subraya que “ es preocupante que en la reforma de 2016 un número considerable de actuaciones judiciales y de investigación se hayan otorgado a la jurisdicción militar, como las facultades de investigación, de inspección por parte de autoridades militares e interceptación de comunicaciones privadas’’.

“El Relator desea alertar que estas disposiciones genéricas y amplias, que extienden la competencia militar sobre civiles en lugar de restringirla y que en ocasiones denotan una falta de claridad en ciertas disposiciones del CJM y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales vulneran los estándares internacionales así como la jurisprudencia de la Corte IDH”

“De manera particular, preocupa al Relator el contenido del artículo 162 del nuevo Código Militar de Procedimientos Penales que permite la prolongación de la prisión preventiva cuando el imputado o su defensor manifieste o el juzgador advierta la existencia de tortura y ésta deba resolverse primeramente”

“Esta norma desincentiva la denuncia y documentación de casos de tortura por lo que debe derogarse inmediatamente”, urge el informe de la ONU en los párrafos que el gobierno considera ​innecesarios​.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para REFORMA.