ONU reclama impacto del Tren Maya en pueblos indígenas

1-12-2020

Relatores Especiales de la ONU critican al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por impacto del Tren Maya en comunidades indígenas, violación a su derecho a tierras ancestrales, daños ambientales, solicitan aclarar irregularidades en la consulta, desalojos y expresan su preocupación por el empleo de militares en la construcción de un tramo del tren en el territorio de dichos pueblos.

Expertos expresan su “grave preocupación por los posibles impactos del llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya para las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo’’.

“Nos preocupa además la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del Proyecto de Desarrollo Tren Maya causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua”, señala un documento enviado al gobierno de AMLO al que tuvo acceso Proceso.

“Se recuerda que los procesos de consulta indígena deben asegurar la debida representatividad de los pueblos y comunidades indígenas”, recalcan.

En caso de no haber contado con el consentimiento previo libre e informado de pueblos indígenas de la región por la construcción del Tren Maya, además de violar el Convenio 169 de la OIT, el gobierno podría estar en seria violación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados de los que el Estado es parte.

Militarización en territorios indígenas

Además, en el documento enviado a Palacio Nacional los expertos de la ONU cuestionan una posible militarización en los territorios indígenas.

“El 17 de abril de 2020, el Presidente de la República anunció que los tramos del proyecto ferrocarril del Tren Maya que van de Tulum, Quintana Roo a Escárcega, Campeche, cruzando la Reserva de la Biosfera de Calakmul será construido por la Secretaría de Defensa Nacional. Al respecto habría preocupación y dudas sobre la pertinencia de la participación de las Fuerzas Armadas en una obra pública que no es de emergencia”.

Acusan que el “uso de los militares para tareas de orden civil en territorios indígenas ha significado mayores violaciones a derechos humanos”.

En este sentido, piden explicar la decisión de emplear a las fuerzas armadas en territorio indígena para la construcción de infraestructura civil, tomando en consideración el artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Ese artículo de la Declaración subraya que “no se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”.

“Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”, indica el tratado.

El documento está firmado por José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; David R. Boyd,
Relator Especial sobre el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre una vivienda adecuada; Mary Lawlor,
Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

También lo suscriben Cecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Urgen a la 4T indicar “las medidas previstas para desarrollar los estudios necesarios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos, y medidas para asegurar que sean realizados de manera independiente e imparcial, y con la participación de las comunidades indígenas; así como indicar cómo se contempla realizar el proyecto de acuerdo a los objetivos y estándares internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas”.

“En particular, sírvase proporcionar información sobre la metodología que se emplearía para desarrollar tales procesos de consulta, su alcance y objetivo, así como la metodología para asegurar que la información será accesible y presentada en una manera culturalmente adecuada, incluso en idiomas indígenas”.

Llaman a determinar temas de representación de los pueblos y comunidades indígenas que serían consultados, promoviendo una participación amplia, que incluya a las mujeres y otros grupos, y teniendo en cuenta las observaciones sobre los estándares internacionales sobre la consulta.

Exhortan a la 4T a “indicar las medidas adoptadas para asegurar que los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, conforme a las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, serán observadas en el marco de los acuerdos y negociaciones entre autoridades de los tres niveles de gobierno y autoridades ejidales u otras relativas a la creación de Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces y otros procesos relacionados con la adquisición de tierras para la instalación del Proyecto del Tren Maya”.

Preguntan si se han explorado “todas las alternativas posibles al desalojo y, en caso afirmativo, sírvase proporcionar detalles sobre las alternativas propuestas y las razones por las cuales éstas no han podido ser tomadas, así como indicar qué procedimientos y recursos legales están disponibles para residentes que deseen impugnar el desalojo”.

Los expertos de la ONU esperan informes sobre qué medidas se están tomando ante la emergencia sanitaria de Covid-19 y cómo se garantizará la información, participación, justicia, consulta y consentimiento previo libre e informado de las comunidades indígenas, así como el principio precautorio.

Ataques a defensores

Los expertos de la ONU acusan ataques a defensores de los derechos humanos que han interpuesto alguna acción legal, “a través de la criminalización, el señalamiento y la difamación, la negación de su identidad indígena y la descalificación de su trabajo, lo cual habría resultado en agresiones directas y un creciente estado de temor ante posibles actos de violencia en su contra y persecución judicial”.

“Estos actos se habrían extendido en contra de organizaciones de la sociedad civil que les están prestando apoyo y asesoramiento jurídico en sus reclamos y se habrían dado denuncias e intento de uso del derecho penal para obstaculizar el legítimo derecho a promover y proteger los derechos humanos y hacer uso de los recursos legales disponibles”, observa la ONU.

Por otra parte critican “actos de hostigamiento contra quienes requieran mayor información, más tiempo para su decisión o expresen su disconformidad con el desarrollo del proyecto”.

Al respecto, Raphaël Viana, portavoz del International Service for Human Rights (ISHR), dijo a Proceso que “la discrepancia entre los compromisos de México a nivel internacional y la acción -o inacción- del gobierno frente a ataques sistemáticos a ambientalistas, feministas, y otras personas defensoras de derechos humanos, resulta alarmante”.

“El mismo Estado que ratifica el importantísimo Acuerdo de Escazú, no puede permitirse paralizar financieramente a su mecanismo nacional de protección para defensores y periodistas, o tener a su más alto mandatario difamando públicamente a organizaciones y activistas documentando el impacto del Tren Maya”, critica.

“Como futuro miembro del Consejo de Derechos Humanos, México se ha comprometido a trabajar con la ONU y con la sociedad civil para reforzar mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras, reconociendo su rol fundamental en mantener una ‘democracia saludable’.

“Si su compromiso es verdaderamente auténtico, México debe cumplir con sus promesas internacionales, empezando por restablecer los fideicomisos públicos a su mecanismo de protección, y cumplir con todos los estándares internacionales en derechos humanos antes de proseguir con el proyecto del Tren Maya”, urge Viana.

Violaciones al derecho a la consulta

El documento que también se envió a la sede de ONU-Habitat observa que la consulta llevada a cabo en noviembre y diciembre de 2019 por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se llevó a cabo “cuando la decisión ya estaba tomada al margen del consentimiento de las comunidades”.

Durante la consulta “no se presentó información completa, adecuada e imparcial sobre el proyecto y sus impactos potenciales, al no haberse realizado los estudios necesarios de impactos ambientales y sociales. Alega que las asambleas se centraron en los beneficios que el proyecto traería a la población de la región, una población que sufre históricamente por graves carencias en el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales”

Recuerdan que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que acompañó el proceso de consulta en calidad de observador internacional, “habría constatado algunas violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y expresado su preocupación al respecto”.

Los expertos recuerdan que los días 1, 2, 3 y 4 de junio de 2020, el Presidente dio el “banderazo” a las obras del Tren Maya, dando inicio a los trabajos de construcción de los tres tramos de la fase 1, desde Palenque, Chiapas, hasta Izamal, Yucatán, que pasarían también por los estados de Tabasco y Campeche.

El 16 de junio 2020 el FONATUR presentó una Manifestación de Impacto Ambiental de los primeros tres tramos correspondientes a la fase 1 ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reiterando que “no tiene la obligación de solicitar una autorización ambiental, toda vez que no se trata de una obra nueva, sino de rehabilitación y mantenimiento para mejorar la seguridad operativa.”

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no dio tiempo suficiente (hasta el 30 junio) para que comunidades, organizaciones de la sociedad civil y academia enviaran comentarios a dicho documento, «el cual consiste en 1900 cuartillas y sin acceso a todos los anexos. No hubo una versión reducida y simplificada, culturalmente adecuada, ni una traducción a idiomas indígenas”.

Hablan de la falta de informes sobre la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, sobre los impactos negativos a las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción, sobre la generación de aguas residuales y el impacto del proyecto en la disponibilidad de agua.

Se omite información fundamental para determinar los impactos del proyecto (en particular matriz de cribado y matriz de valoración de impacto) y la falta de estudios, como el estudio geológico en puntos críticos de zona de karst, en el tramo 3, donde se ubica la franja del “anillo de cenotes” y el Cráter de Chicxulub.

Expresan dudas sobre la Manifestación de Impacto Ambiental en la que no se prevén afectaciones, por ejemplo, en zonas arqueológicas, de monumentos históricos, humedales o vegetación de manglar, cenotes etc. “toda vez que, las actividades se lleven a cabo dentro del derecho de vía ferroviaria existente”.

Alegan que “aunque se cuente con derecho de vía en parte de los tramos del Tren Maya, el proyecto es nuevo pues implicará remover y sustituir cientos de kilómetros de rieles y durmientes, aptos para un tren aproximadamente diez veces más rápido, más pesado y con un tráfico más intenso”.

Detallan que el tren actual se mueve alrededor de 12-15 km/h y pasa una vez al día. El Tren Maya se desplazaría a 160 km/h para pasajeros y a 100- 120 km/h el de carga. “Falta información sobre la frecuencia de los trenes pasajeros y de carga, lo cual no permite determinar el impacto en cuanto a ruido, vibración y contaminación”.

Además, remarcan que el proyecto incluye la construcción de estaciones, las urbanizaciones y los polos de desarrollo, los cuales no están contemplados en la Manifestación de Impacto Ambiental.

Según la información recibida por la ONU, “los impactos socio-culturales serían aún más subestimados: faltarían estudios de flujo de migración interna, que incluya una evaluación de los desplazamientos y expulsiones debidos a la obra y la atracción de población a otros centros, entre otros impactos, así como no habría evaluación de los riesgos de pérdida cultural e histórica de los pueblos indígenas”.

Derecho a la tierra

Otro tema de preocupación es la adquisición de los terrenos para la instalación del proyecto, que supondría una modificación del régimen de tenencia y propiedad de la tierra que pudiera perjudicar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales.

Las tierras ejidales donde se instalarán las líneas férreas y polos de desarrollo se obtendrán por medio de un Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces, el cual es un instrumento financiero sujeto al mercado de valores, usado para financiar inversiones inmobiliarias.

FONATUR plantea «la incorporación de los ejidatarios como socios, a través de la aportación de sus tierras, al fideicomiso Tren Maya. Esto implicaría que la tierra se vuelve propiedad del fideicomiso, los propietarios individuales o comunitarios se vuelven accionarios, y los terrenos serían utilizados por inversionistas para construir la infraestructura relacionada con el proyecto”.

Los propietarios de las tierras podrán obtener la renta derivada de la utilización de las tierras y también mantener la titularidad de sus tierras. “Sin embargo, cuestiona la ONU, este tema no se desarrolló en la sesión informativa de la consulta y no resulta claro si a miembros de comunidades indígenas afectadas se les ha proporcionado información clara y precisa sobre el Fideicomiso y la naturaleza de los riesgos que pudiera implicar”.

Incluyendo “la privatización de propiedades comunales y los factores que pudieran incidir en las ganancias previstas, en su capacidad de poder recuperar sus tierras y de poder retirarse del fideicomiso, si así lo desean”.

Se tienen informes de que “desde unos años atrás, sectores políticos y empresariales con conocimiento del proyecto habrían adquirido terrenos a precios muy bajos que presuntamente serían utilizados para el proyecto”, revelan los expertos.

Desalojos

La construcción del Tren Maya conllevaría el desplazamiento de varias familias y comunidades asentadas en las orillas de las vías o donde se prevé la construcción de los polos de desarrollo, algunas de las cuales no estarían conformes con su desalojo y reasentamiento y que por ende estarían “en riesgo de sufrir desplazamiento forzoso”.

En este sentido FONATUR aseguró que no habrá desalojos forzosos ni expropiación. No obstante, “se comunicó a estas relatorías que comunidades indígenas asentadas en proximidad de las vías o donde se prevé la construcción de los polos de desarrollo no recibieron información sobre qué pasaría con ellas”

De igual modo varias familias de barrios históricos de la ciudad de Campeche que no están de acuerdo con el reasentamiento, han tratado de impedir un desalojo que, en su caso sería “inminente”, ejerciendo medios de defensa legal.

A pesar de que el proceso de reasentamiento en estos barrios fue suspendido por orden judicial hasta que se reanude el diálogo, “no hay claridad sobre qué alternativas al desalojo se proporcionarían a las familias que se oponen a dejar sus hogares”.

Finalmente los expertos de la ONU insisten en que las consultas indígenas relacionadas con el Tren Maya “deben llevarse a cabo con las estructuras representativas identificadas por las propias comunidades indígenas, y no limitarse a las estructuras agrarias y ejidales existentes, además de asegurar la participación de mujeres indígenas en tales procesos”.

Hasta la redacción de este texto el gobierno de AMLO no ha respondido a la carta enviada por los relatores de la ONU fechada el 21 de septiembre de 2020.

“Esperamos recibir información de su Gobierno sobre las cuestiones abordadas en esta comunicación y quisiéramos expresar nuestra disposición a mantener un diálogo constructivo con las instancias competentes sobre las medidas necesarias para realizar nuestro objetivo común de garantizar el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de este proyecto”, concluye el documento.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Proceso.