ONU y el caso Christian Téllez: Estado responsable de desaparición forzada

7-08-2019

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, determinó que el Estado mexicano «es responsable de un caso de desaparición forzada» en Veracruz en 2010 en el que participaron autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos del crimen organizado.

“México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de una desaparición forzada en Veracruz en 2010”, dijo el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un dictamen publicado hoy en Ginebra.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de 18 expertos internacionales, emitió su dictamen basado en el derecho internacional de los derechos humanos después de recibir una denuncia de familiares de una víctima de desaparición forzada.

Según la denuncia, la víctima conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica (Veracruz) en octubre de 2010 cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a una de ellas, a punta de pistola.

Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo en ninguna comisaría; ella y familiares de la víctima directa presentaron denuncias. Identificó a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores jerárquicos, los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado “Los Zetas”.

“Como las autoridades mexicanas hicieron muy poco en términos de investigación, la familia de la víctima directa llevó el caso al Comité de Derechos Humanos, que tiene el mandato de examinar violaciones de derechos humanos en países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con el Protocolo Facultativo gracias al cual se pueden presentar ante dicho comité casos individuales.

México ratificó el Pacto el 23 de marzo de 1981 y el Protocolo Facultativo el 15 de marzo de 2002.

El Comité de Derechos Humanos remarcó que la investigación de un caso de desaparición forzada no puede basarse en la confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas. Además, añadió que los centros de detención clandestinos son, per se, una violación de los derechos a la libertad personal.

Las personas tienen derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a recursos judiciales efectivos, señalaron los expertos.

Y denuncian que “todos esos derechos humanos han sido violados por México en el presente caso”.

No se han practicado a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales; y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables, afirma el Comité en su dictamen.

“Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos.

El Comité solicitó a México que informara, dentro de 180 días, sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Proceso.

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