ONU pide a México crear un Consejo de Expertos para abatir impunidad

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, entregó a México 14 recomendaciones, entre las que figuran la creación de un consejo asesor de expertos para abatir impunidad y establecer una Oficina especializada de alto nivel de la Procuraduría General de la República para fortalecer investigaciones sobre tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

“Esta Oficina debería estar dirigida por un reconocido experto en materia de derechos humanos y contribuir con las unidades especializadas ya existentes y procuradores dentro de la Sub Procuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR”, subraya el Alto Comisionado.

“Esta Oficina deberá tener recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para llevar a cabo sus tareas de manera profesional y efectiva”, señala Zeid.

Asimismo el Alto Comisionado recomienda establecer un Consejo Asesor de renombrados expertos en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para revertir la tasa de impunidad «imperante» en el país.

“El Consejo podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, evaluar su efectiva implementación y presentar informes públicos periódicos”, añade el documento que Zeid entregó al gobierno de México.

Entre las recomendaciones destaca «adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en concordancia con los estándares internacionales y la creación de una institución forense autónoma».

Si bien el Alto Comisionado da la bienvenida a las reformas de 2011 y 2014 para limitar la jurisdicción militar, recomienda reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes.

“Las autoridades civiles deberían cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando”, sugirió Zeid.

Asimismo, pidió “adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para integrar adecuadamente sus consideraciones».

Zeid recomienda asegurar su efectiva implementación a nivel federal y estatal, incluyendo el desarrollo de las capacidades requeridas y asignando los recursos humanos y financieros necesarios.

Las recomendaciones fueron entregadas a la delegación Mexicana liderada por el

Embajador de México Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Eber Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; y Jan Jarab, Representante en México de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en una reunion celebrada en Nueva York.

En su respuesta el gobierno de Los Pinos afirmó que «en general las recomendaciones serían consideradas y atendidas», sin embargo, se negó a aceptar la recomendación sobre las reformas al Código de Justicia Militar.

“Con respecto a la recomendación hay que destacar que se está aplicando actualmente la enmienda del Código de Justicia Militar de 2014, y que no es factible considerar nuevas modificaciones”, contestó el gobierno de manera categórica.

También prometió “analizar” la recomendación sobre la adopción de una ley nacional sobre el uso de la fuerza, pues consideró necesario emprender un debate sobre este tema y continuar las consultas con los diferentes actores involucrados.

“Independientemente del hecho de que no existe una ley general sobre esta cuestión, hay que destacar que todas las autoridades de seguridad pública tienen uso de la normativa vigente, que debidamente cumplen las normas internacionales sobre derechos humanos”, sostuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Reforma.