Denuncian a empresas chinas por avasallar derechos indígenas

11-10-2018

Líderes de comunidades indígenas de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil , acompañados por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas , Derechos Humanos y Ambiente (CICDH) presentaron en la sede europea de la ONU un informe con 18 casos implementados por 15 consorcios chinos en el que se denuncia un patrón de violaciones de derechos humanos y derechos ambientales.

“Las empresas chinas se han involucrado de manera continua y deliberada en comportamientos que violan el derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada; el derecho a vivir en un entorno saludable; el derecho a la libertad y la seguridad y los derechos de consulta y participación y que las autoridades chinas no han examinado con la debida diligencia los impactos de estos proyectos en derechos humanos” , dijo a Proceso Jimena Reyes de la FIDH en un evento realizado en la sede de la ONU en Ginebra en el marco del Examen Periódico Universal de China que tendrá lugar en noviembre.

Reyes recordó que el gobierno chino no ha adoptado e implementado medidas efectivas para cumplir “con las obligaciones extraterritoriales de China en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)”.

El informe detalla que desde 2009 hasta 2017 los préstamos chinos a América Latina y el Caribe (ALC), alcanzaron 145 mil millones de dólares sobrepasando los otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La inversión directa china alcanzó en 2017 un acumulado de 113.662 millones de dólares, y el 65% de esta inversión se destinó a la extracción de minerales, petróleo y gas. El comercio bilateral entre China y ALC se multiplicó 26 veces desde el 2000 al 2016, siendo que las exportaciones de ALC a China se concentraron en petróleo, productos minerales y agrícolas.

“Sin duda, los flujos financieros chinos continuarán creciendo y expandiéndose a nuevas áreas. Para lograrlo, el gobierno chino formuló en 2016 un convenio de Política China hacia América Latina y el Caribe (ALC) y un nuevo plan de cooperación financiera conocido como “1+3+6. Bajo este esquema, China ha impulsado acuerdos de alcance multilateral como el Plan de Cooperación China-América Latina y el Caribe 2015-2019 y 2019-2021; y otros acuerdos bilaterales orientados a identificar proyectos de infraestructura, energía e industrias extractivas para ser financiados y desarrollados por sus bancos y empresas”, cita el informe.

En este contexto, sostiene que es preocupante la falta de respuesta y apertura de las empresas y bancos chinos ante los impactos negativos en los derechos humanos de sus inversiones, siendo obligación del Estado chino actuar con debida diligencia, mediante la realización de estudios de impacto en los derechos humanos antes de tomar decisiones de financiación e intercambio comercial, y proveer a los afectados el acceso a un recurso efectivo.

Frente a esto, los líderes de pueblos indígenas y los autores del informe ven en el Examen Periódico Universal de China una oportunidad para que el Consejo de Derechos Humanos presione al gobierno de Pekín a cumplir con sus obligaciones extraterritoriales y a llevar a cabo acciones positivas para proteger y respetar los derechos humanos en ALC, especialmente de los pueblos indígenas que son los más vulnerables.

El informe de la FIDH no es exhaustivo, sin embargo refleja la magnitud del problema en la región. De los 18 casos presentados, 7 pertenecen a la industria minera, 6 a la industria petrolera y 5 al sector hídrico. Asimismo, 15 afectan a territorios indígenas, 11 a áreas naturales protegidas, 5 son patrimonio natural y cultural reconocidos por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultural (UNESCO) y 12 corresponden a la región amazónica ecuatoriana, boliviana y brasileña.

Ecuador

Aquí se documentó el Mirador y San Carlos Panantza, proyectos de megaminería a cielo abierto de cobre, oro y molibdeno, localizados en las provincias amazónicas de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Son operados por Ecuacorriente S.A. y Explorcobre S.A., ambas filiales del Consorcio CRCC – Tongguan, perteneciente a las empresas chinas Railway Construction Company (CCRC) y Tongling Nonferrus Metals Groups Holding Company.

El proyecto de Río Blanco, minería subterránea en la provincia del Azuay, operado por la empresa Ecuagoldmining South America S.A., filial de Junefield Mineral Resources Holdings Limited.

Los Bloques 62, 14, 17 y Bloques 79 y 83, proyectos de explotación petrolera en las provincias amazónicas de Sucumbíos, Orellana y Pastaza, operados por Andes Petroleum Ecuador Ltd. y PetroOriental S.A., filiales de las empresas estatales China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (SINOPEC). Además el Proyecto propósito múltiple Chone Fase I – Presa Río Grande y Desaguadero San Antonio, represa y desaguadero en la provincia de Manabí, construidos por el consorcio Tiesiju Manabí y Tiesiju Civil Engineering Group Co. Ltda. El Proyecto propósito eléctrico Toachi Pilatón, en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi, construido por International Water Electric (CWE). Proyecto propósito hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, en las provincias de Napo y Sucumbíos, construido por Sinohydro Corporation.

“El gobierno de Ecuador tiene acuerdos pactados con China para que sea el mayor prestamista y el inversionista en proyectos mineros, petroleros y de infraestructura , eso nos preocupa porque el estado ecuatoriano ha dado prioridad a lo económico sobre la protección de los derechos del pueblo”, dijo a Proceso Luis Sánchez Zhiminaycela , líder de la comunidad Cascomi.

“Han violentado el derecho a la consulta previa libre e informada y sobre todo han concesionado territorios de conservación de pueblos indígenas. Sólo en el proyecto Mirador que es mi territorio, tenemos más de 227 nacimientos de fuentes de agua que es una recarga hídrica para toda la cuenca amazónica”, reclamó.

“El estado ecuatoriano al ser dependiente económicamente de China está desatendiendo o haciendo oídos sordos a los reclamos del pueblo por los daños que sufrimos como contaminación del agua, bosques destruidos, los animales están huyendo y no hay cacería , no hay pesca , pero sobre todo se han dado desalojos violentos”, deploró.

Sánchez explicó que en algunos casos le han dado “5 minutos” a la gente para que abandonen sus casas y la empresa minera con trabajadores y seguridad privada respaldados por más de 300 policías y militares destruyen las viviendas y se llevan sus pertenencias.

Además, a esto se suma acoso y asesinato de defensores como el líder indígena Shuar José Tendetza, “que es uno de los 12 líderes que fuimos perseguidos y su caso sigue en la impunidad”

Perú

Se presentó el caso sobre Toromocho, mina de cobre y molibdeno en la provincia de Yauli, operada por Chinalco Perú S.A., subsidiaria de la empresa estatal Aluminium Corporation of China. Otra es Shougang Hierro Perú SAA, mina a cielo abierto de hierro y otros minerales, operada por Shougang Corporation, conformada por China Shougang International Trade & Eng.Corp, Beijing Shougang Company Lmtd., Shougang Jingtang Iron and Steel Co., Beijing Shougang Cold-Sheet Co., Qinhuangdao Shouqin Metal Materiales Co. Ltd., Shougang Shuicheng Iron & Steel Co.Ltd., Shougang Changzhi Iron & Steel Co.Ltd., Tonghua Iron & Steel Group Co.Ltd., Shougang Mining Company y Shougang Generación Eléctrica S.A.

También Las Bambas, mina de cobre en Cotabambas, región de Apurímac, propiedad mayoritaria y operada por el consorcio China Mineral and Metals Group (MMG). Y Río Blanco, mina de cobre y molibdeno en Piura, propiedad mayoritaria del consorcio privado chino Zijin, conformado por el Zijin Mining Group Co. Ltd., el Tongling Non-Ferrous Metals Group Holdings Co. Ltd. y Xiamen C&D Inc.

En Perú, en el caso de las operaciones de Shougang Hierro Perú SAA, la empresa ha cometido más de diez infracciones ambientales que incluyen, entre otras, la violación de los límites de contaminación permitida en afluentes de agua y el incumplimiento de normas de manejo de residuos sólidos. En el área de reasentamiento de “Nueva Morococha” creado para dar paso al proyecto minero Toromocho que requiere la reubicación del 98.5% de la población de “Morococha Antigua”, se han presentado numerosos problemas ambientales como una alta presencia de metales pesados que superan los límites máximos permisibles, además de altísimos niveles de humedad que proviene del subsuelo y afecta las viviendas y la salud de los pobladores de Nueva Morococha

Bolivia

En Bolivia denuncian sobre Bloque Nueva Esperanza, exploración petrolera en la Cuenca del río Madre de Dios en la Amazonía boliviana, por parte de la empresa china BGP Bolivia, subsidiaria de BGP Inc. y la empresa estatal China National Petroleum Corporation (CNPC). La BGP Bolivia está contratada por la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Bolivianos para la adquisición de sísmica 2D.

El bloque petrolero Nueva Esperanza se superpone con uno de los tres territorios del pueblo indígena Tacana, el cual alberga a un pueblo indígena en aislamiento voluntario “Toromona”. A pesar de que los Tacana se opusieron a la exploración petrolera, el Estado boliviano impuso el proyecto, y realizó un proceso de consulta en el que se acordaron condiciones para salvaguardar el territorio y proteger a los pueblos Tacana y Toromona. Sin embargo, BGP desconoció los acuerdos y causó daños ambientales afectando sus medios de vida.

Brasil

Aquí se documentan violaciones de Usina Hidroeléctrica (UHE) São Manoel en el río Teles Pires, afluente de la cuenca Tapajós, emplazada entre los estados de Mato Grosso y Pará. Es operada por la Empresa de Energía São Manoel (ESSM), consorcio conformado mayoritariamente por el grupo China Three Gorges (CTG) y las empresas brasileras Eletrobrás Furnas y Energía de Portugal (EDP). La obra se financió a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y contó con las garantías de cumplimiento del Banco de Desarrollo de China (CDB).

Según la FIDH la UHE São Manoel arrasó con dos espacios sagrados de extremo valor cultural para los pueblos indígenas Munduruku, Kayabi y Apiaka, como el sitio “Morro de los Monos”, descrito por los indígenas como lugar donde habitan los espíritus de los animales. Esta destrucción provocada por la UHE São Manoel agravó los daños de la UHE Teles Pires, a unos 40 km río arriba, que inundó un lugar sagrado conocido como “Siete Caídas” donde habitan “la Madre de los Peces, un músico llamado Karupi el espíritu Karubixexé, y espíritus Antepasados”. La destrucción de lugares sagrados, en muchos casos, corresponde a lugares donde se reproducen peces migratorios que son esenciales para la base alimentaria de las poblaciones indígenas.

Argentina

En Argentina se señala al Complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff – Barrancosa en el río Santa Cruz que será construido por la Unión Transitoria de Empresas (UTE), empresa integrada por China Gezhouba Group Corporation (CGGC) y las empresas argentinas Hidrocuyo S.A. y Electroingeniería S.A. lo que podría afectar el patrimonio cultural y arqueológico de las comunidades indígenas Mapuche Tehuelche de Lof Fem Mapu, sus dinámicas asociativas y representaciones simbólicas construidas en torno al río, porque este constituye un espacio social fundamental de su cosmovisión.

Este proyecto hidroeléctrico Cóndor Cliff – Barrancosa carece de un adecuado análisis de impacto ambiental sobre el Campo de Hielo Patagónico Sur, la tercera reserva de agua dulce del mundo, destacando la necesidad de un estudio de mayor profundidad por el organismo encargado de la conservación de los glaciares, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

“Dicen que estas dos represas que se intentan hacer sobre el río Santa Cruz va a ser muy bueno para la sociedad en su conjunto, pero nosotros sabemos que esto no es así , porque la gran cantidad de energía se llevará a las grandes urbes y mi comunidad no recibirá nada”, dijo a Proceso Sergio Nahuelquir, autoridad tradicional de la comunidad mapuche.

Además, remarcó que son 14 comunidades indígenas en el sur de Argentina las que se verían afectadas por este proyecto.

Los 18 casos investigados por la FIDH demuestran que las violaciones de derechos humanos en que incurren las compañías chinas no constituyen hechos aislados, sino que demuestran “un patrón de comportamiento recurrente y caracterizado por la falta de respeto de los derechos fundamentales y de los derechos económicos, sociales y culturales internacionalmente reconocidos, el incumplimiento de los estándares internacionales y la falta de rendición de cuentas sobre las violaciones”.

Se observa también el continuo ejercicio de comportamientos violatorios de derechos con conocimiento de causa; la falta de monitoreo y exámenes de debida diligencia de derechos humanos en los proyectos en el exterior así como la falta de adopción e implementación de medidas efectivas para cumplir con las obligaciones extraterritoriales de China frente a los compromisos internacionales adquiridos como Estado parte del PIDESC.

“Es la primera vez aquí en la ONU que se plantea de manera regional de América Latina el impacto que están teniendo las inversiones chinas en América Latina y vamos a ver en el contexto del EPU de China qué preguntas y recomendaciones hacen los estados”, retomó Jimena Reyes de la FIDH.

“China no sólo está invirtiendo, está imponiendo su modelo de régimen dictatorial y eso se ve en los problemas latinoamericanos como en Nicaragua y también en Venezuela”, valoró.

“Además de América Latina, este patrón lo están replicando las empresas chinas en Asia y en África”, agregó Reyes quien reconoció que hay mucho dinero de por medio “que tiene amarrados a muchos países del mundo y no se está actuando en Naciones Unidas con la objetividad que se debería actuar por esta cuestión”.

A nivel mundial se estima que 22 millones de chinos trabajan fuera de su país en mega-proyectos financiados por empresas del gigante asiático que por lo general no ocupan mano de obra local, concluyó la representante de la FIDH.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.
Para Proceso.

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