Defensores en México a merced de la impunidad: ONU

El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos Michel Forst acusó que en México no habrá una mejora notable en la situación mientras la impunidad siga siendo persistente y generalizada en un clima de violencia extrema y corrupción.

«No habrá una mejora notable en la situación de los defensores de los derechos humanos mientras la impunidad siga siendo persistente y generalizada», sentenció el experto.

«Mientras tanto, el éxito en la lucha contra la impunidad dependerá de la superación de los desafíos de la corrupción, el crimen organizado y la continua militarización de la seguridad pública», consideró.

«El Relator Especial quedó perplejo ante la extrema violencia en México, el clima de absoluta impunidad y la presunta corrupción e infiltración de elementos penales por parte de las fuerzas del ministerio público y las fuerzas de seguridad», sostiene Forst en un documento que será presentado el día de mañana al Consejo de Derechos Humanos.

Forst , al tiempo que celebra la capacidad de recuperación de los defensores de los derechos humanos y su valentía en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, advierte que de no cambiar esta situación México se convertirá en el país más peligroso el mundo para los defensores.

En las conclusiones sobre la visita al país del 16 al 24 de enero del 2017, el experto de la ONU sostiene que el gobierno de México debe mostrar voluntad política y reunir a todos los actores relevantes en una cumbre nacional dedicada a la protección y el empoderamiento de los defensores de los derechos humanos.

«La protección de los defensores de los derechos humanos debe convertirse en una prioridad nacional», urgió.

El relator de la ONU recomienda al Gobierno que refuerce el estado de derecho en el país, especialmente mediante la plena aplicación de los recursos de amparo y otras órdenes judiciales dictadas en relación con los defensores de los derechos humanos y su trabajo.

Le llama a reconocer públicamente, a nivel federal y estatal, el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos y los periodistas en la sociedad y condene las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellos e intente desacreditarlos.

Urge al estado a llevar a cabo investigaciones prontas e imparciales sobre las amenazas y la violencia contra los defensores de los derechos humanos, lleve ante la justicia a los culpables de perpetrar o ayudar y complicidad en crímenes y otorgue reparaciones a los sobrevivientes de esos crímenes.

A través de la Procuraduría General, el gobierno debería considerar la posibilidad de crear, a nivel federal y estatal, entidades especializadas para investigar casos de violencia contra defensores de los derechos humanos y coordinar con otras fiscalías.

Asimismo le urge a que los métodos de trabajo, los criterios de jurisdicción y los resultados de la oficina del fiscal especial para los delitos cometidos contra la libertad de expresión, a fin de fortalecer el impacto de la Oficina.

Además recomienda formular protocolos de investigación sobre delitos en línea cometidos contra defensores de los derechos humanos y garantizar mecanismos para prevenir la vigilancia ilegal en línea.

Le insta a aplicar plenamente las resoluciones, recomendaciones y medidas cautelares o urgentes internacionales emitidas por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con los defensores de los derechos humanos.

Exhorta a que el estado asegure que los actores de la sociedad civil sean consultados de manera significativa durante los debates legislativos que afecten los derechos humanos y que sus puntos de vista reciban la debida consideración.

Por otra parte, en cuanto a la Ley de Seguridad Interior el experto destaca que el proyecto de ley fue aprobado por el Senado el 15 de diciembre de 2017, lo que refuerza los temores de que se trasladen las tareas de seguridad pública y vigilancia a soldados sin entrenamiento comandados por oficiales del ejército de alto rango, reduzca la supervisión civil y debilite la responsabilidad .

«Esto es lamentable, en particular a la luz de los informes según los cuales la tasa de éxito en el enjuiciamiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el personal del ejército es de alrededor del 3%», deploró.

En este sentido Forst exhorta al gobierno a evitar adoptar esa legislación y revisar leyes que restrinjan los derechos a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica, incluidos los que establecen definiciones ambiguas de delitos conexos, como «alteración del orden público».

En este rubro el Gobierno en su respuesta al informe, el gobierno responde que con relación a la Ley de Seguridad Interior, se subraya que el Presidente de la República promulgó la Ley, aclarando que no emitirá declaratoria -es decir, la Ley no entrará en operación-, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sobre las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas por diversos actores.

Para el experto acceder a la información pública sigue siendo un desafío, especialmente a nivel estatal y municipal. Los defensores de los derechos humanos que luchan contra la impunidad también enfrentan desafíos para acceder a la información pública en poder de las fuerzas armadas.

Subraya que representantes de la sociedad civil también expresaron inquietudes sobre la incompatibilidad de la legislación existente sobre acceso a la información con la de seguridad nacional, ya que la primera estipula que la información sobre violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad no puede clasificarse como «reservada», mientras que la segunda define lo que constituye «seguridad nacional».

«La escasez de datos obstaculiza las investigaciones sobre la responsabilidad penal por desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias en el contexto de operaciones militares relacionadas con la seguridad pública y el crimen organizado», sostiene el documento.

En respuesta a ello, el gobierno de Enrique Peña Nieto sostiene que sobre los desafíos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos para acceder a información pública en posesión de las fuerzas armadas, es pertinente señalar que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con una Unidad de Enlace para la atención ciudadana, a través de la cual los particulares envían solicitudes de acceso a la información.

«Dicha Secretaría da respuesta a las mismas en los términos y condiciones que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, garantizando el derecho de acceso a la información pública», justificó .

Por otra parte el relator recomienda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las instituciones de derechos humanos a nivel estatal incluir, dentro de sus programas de trabajo, actividades específicas sobre la protección y promoción de los defensores de los derechos humanos.

Le invita a continuar o comenzar a compilar y analizar estadísticas sobre el número de quejas recibidas, los casos monitoreados y las recomendaciones adoptadas sobre la seguridad de los defensores de los derechos humanos.

Le pide establecer un punto focal para los defensores de los derechos humanos con poder de decisión en cada institución y a nivel estatal, le insta a que adopte y contribuya a medidas preventivas y de protección para los defensores de los derechos humanos, así como desarrolle medios para el reconocimiento público de los defensores de los derechos humanos.

Gabriela Sotomayor, Ginebra, Suiza.